El grupo considera que la detención contraviene varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y pactos internacionales de derechos civiles y políticos, porque no se llevó de manera imparcial e independiente y tuvo injerencia.

El organismo recomendó al Gobierno de Bolivia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Leyes. (Ver infografía).

La opinión se enfoca en el uso excesivo de la detención preventiva y la vulneración a derechos de I, II y III, por haber sido un perseguido político por mostrarse crítico con el gobierno de Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre el alcance de este fallo, hay dos criterios distintos. Por un lado, según dos analistas, el Grupo de Trabajo de la ONU es un organismo interno del Consejo de Derechos Humanos y no tienen carácter vinculante, por lo que los procesos seguirán.

Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitraria no se constituyen en fallos ni sentencias. Por ese motivo, aún no se encuentra publicada en la página del organismo y tampoco fue comunicada al Estado.

Por otro lado, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera dijo que la opinión es vinculante y, por lo tanto, lo que tiene que hacer el Estado es dar cumplimiento al dictamen.

“Los dictámenes y las opiniones que emiten son de fuerza vinculante para los Estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, expresó.

Procesos

Sin embargo, el Grupo por la Detención no se pronunció sobre el fondo de las denuncias por Mochilas I y Mochilas II. El propio equipo legal, liderado por el abogado Jared Genser, considera que, “desafortunadamente, Leyes aún podría enfrentar juicios por los cargos falsos que imputó el Gobierno de Evo Morales”.

El proceso por Mochilas II es el más avanzado, con acusación para juicio oral por el presunto direccionamiento en la compra de mochilas. Sin embargo, el proceso está estancado por 19 incidentes que presentó la defensa de Leyes.

En tanto Mochilas I está en etapa de imputación por la compra irregular de mochilas a la Asociación 26 de Febrero, cuyo propietario declaró que entregó 45 mil dólares a una hermana de la autoridad edil en Estados Unidos.

Leyes está actualmente bajo arresto domiciliario por Mochilas I; por el otro se le otorgó el viernes libertad irrestricta por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El fallo considera que Leyes fue restringido en sus derechos de libertad de expresión y derechos políticos y participación.

CONCEJO NOTIFICARÁ A LEYES CON SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR 90 DÍAS A SU RETORNO

REDACCIÓN CENTRAL

El Concejo Municipal anunció que notificará al alcalde electo José María Leyes (Demócrata), en caso de que retorne a la silla edil si logra su libertad esta semana, con las resoluciones de 90 días de suspensión sin goce de haberes por vulneraciones a las normas básicas de contratación.

Leyes será notificado una vez que cambie su situación legal en los tribunales de justicia, explicó ayer el concejal Edwin Jiménez.

La primera sanción que tiene el Alcalde electo (30 días), impuesta por la Comisión de Ética del Concejo, es por la presunta compra irregular de 91.300 mochilas escolares en 2017. El segundo caso (30 días) es por la entrega anticipada de motorizados al Comando Departamental de la Policía en 2016. La tercera sanción (también por 30 días) es por la presunta violación a las normas básica de contrataciones en el desayuno escolar de la gestión 2017.

Por otro lado, la concejal Rocío Molina pide a la defensa de Leyes que levante los más de 19 incidentes que obstaculizan el proceso del Alcalde para fijar la fecha del juicio oral y saber la situación legal que tendrá Leyes.

“Es la justicia la que tiene que hacer justicia para que de una vez los cochabambinos sepamos qué ha pasado con esa gran cantidad de dinero de las Mochilas I y II. También en los casos de las cámaras de seguridad, el desayuno escolar y todos los casos”, dijo Molina.