La Constitución, en su Art. 149 exige como requisito para postular a la Asamblea, el haber residido de manera permanente en la circunscripción durante los últimos dos años antes de la elección y, si bien esta norma orgánica está para cumplirse literalmente, no es menos cierto que la ausencia del territorio ejerciendo el derecho a la libertad de circulación, sea por turismo, trabajo o fuerza mayor, torna intermitente la residencia sin romper necesariamente el vínculo con el territorio, haciendo necesaria su interpretación.

El Tribunal Constitucional hizo esa interpretación para un caso concreto. La Sentencia Constitucional 024/2018 interpreta este requisito de elegibilidad, realizando su control de constitucionalidad en relación a los principios y valores dogmáticos y el control de convencionalidad en función a convenios internacionales sobre derechos humanos, desarrollando en su ratio decidendi que en estricta observancia del concepto civil de domicilio y residencia; de la representación territorial en el nuevo modelo de Estado y la libre voluntad de señalamiento de último domicilio electoral, constituirán los fundamentos jurídicos vinculantes para que el OEP determine si el postulante cumple o no, con este requisito constitucional.

A tal efecto concluye en la decisum que la disposición expresa en los Arts. 149 y 167, entre otros, no es vulneradora de derechos políticos, al no ser discriminatoria y por tanto se mantiene en plena vigencia. Como es costumbre en la política local, se ha expresado que dicha sentencia avalaría la nueva postulación de Morales, pero esos criterios están tergiversados y son equívocos porque mal utilizan la teoría del estándar más alto, el derecho político y la figura de intermitencia, como si no existieran límites.

El requisito de elegibilidad expuesto, es un límite en plena vigencia que le dice a la pretensión de Morales de que al no tener ya un proyecto de vida continuo y actividad principal en el país y, por ende, no cumplir con el equilibrio entre su derecho y el de electores para la representación territorial de Cochabamba; por haber abandonado por su libre voluntad el país en noviembre, vulnerando migración haciendo ilegal su salida (lo cual hubiera probado la intermitencia) y acogiéndose al estatus de refugiado en Argentina, donde ya fijó domicilio, simple y llanamente está incumpliendo un requisito constitucional de cumplimiento obligatorio.

A Morales nadie lo expulsó del país, ni nadie le prohíbe que vuelva; los alegatos de persecución política, por un lado, o de huir para evitar la justicia boliviana, por otro, son cuestiones a ser probadas en las instancias judiciales y lo único que queda claro, sin lugar a discusión, es que él está impedido de ser candidato a senador por sus libres y voluntarias decisiones. Lamentablemente, la postulación del señor Mario Cossío, que tiene otros matices, correría la misma suerte, debiendo el Órgano Electoral revisar la postulación a presidente del señor Arce Catacora donde, a pesar de haberse acogido a un status en el exterior ¿salió por migración activando la intermitencia o no, e inclusive… ya retornó.