La campaña electoral para los comicios del 3 de mayo se inició y las organizaciones políticas empezaron a difundir sus programas de gobierno, estrategias y propuestas para acercarse a la población votante. Uno de los temas que la ciudadanía cuestionó a la anterior gestión gubernamental es la administración de justicia e independencia de poderes en el país. Respecto a este tema, dos alianzas y tres partidos políticos, en contacto con el periódico Bolivia, informaron sobre las mejoras y cambios que realizarán en la justicia del país.

Los lineamientos generales que las organizaciones políticas plantean son el restablecimiento de la independencia del Órgano Judicial, digitalización de los trámites en la administración de justicia y la elección de autoridades idóneas para cargos judiciales bajo la modalidad de competencia de méritos.

Recordemos que el anterior Gobierno fue cuestionado por la forma de manejar la justicia. Uno de los casos más objetados fue la habilitación de Evo Morales para la reelección, sentencia aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Una decisión que fue adoptada pese a que el 21 de febrero de 2016 la población —mediante referendo— votó para no modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que estable una sola reelección del presidente y vicepresidente de manera continua. Asimismo, el pueblo pidió el respeto a la independencia de poderes, la eliminación de la retardación de justicia por la burocracia en los trámites administrativos y la descentralización de este poder del Estado.

Para mejorar la imparcialidad e independencia de la justicia frente al Estado, los frentes políticos Comunidad Ciudadana (CC), Libre 21 y Acción Democrática Nacionalista (ADN) apuestan por reformar la Carta Magna para eliminar la elección por voto popular de magistrados en cuatro instancias: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Consejo de la Magistratura. 

Respecto a los comicios para elegir a las autoridades judiciales, Bolivia es el único país que lo hace mediante sufragio. En 2011 se llevó a cabo la primera elección y la segunda en 2017, en la que 26 mandos fueron electos para cumplir sus funciones por seis años, hasta 2023.

Estos partidos proponen retomar la selección de cargos de manera meritocrática, es decir, de acuerdo con la experiencia en la carrera judicial. Cambiar esta forma de elección implica la reforma parcial mediante referendo o modificación total de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Los artículos 182, 188, 194 y 198 de la Carta Fundamental establecen la elección de autoridades mediante sufragio universal en las cuatro instituciones de justicia.

Comunidad Ciudadana, en su programa de gobierno, plantea —conforme al artículo 411 de la CPE y sin mencionar si realizará una reforma total o parcial de la Constitución— impulsar la “reestructuración del sistema de administración y procuración de Justicia que modifique la composición y forma de selección y designación de las autoridades de los Órganos de Justicia”.

Por tanto, propone eliminar la elección de jueces por voto y establecer un “régimen de transición y remoción” de autoridades. 

El candidato presidencial de ADN, Ismael Schabib, aseguró que la justicia debe retornar al país bajo la elección de magistrados según la meritocracia y el currículum de los postulantes a los cargos públicos.

La alianza Libre 21 busca la independencia del Órgano Judicial como garantía del sistema democrático. Plantea la creación de un procedimiento judicial “meritocrático, independiente, fuera de lo político y con jueces profesionales y permanentes”. Proceso que se conseguirá mediante la modificación de la Constitución, afirmó el vocero oficial, Luis Vásquez.

Disidentes

La candidata vicepresidencial del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Ruth Nina, indicó que su frente es “respetuoso” de la Carta Magna y que mantendrá la elección de jueces mediante sufragio nacional. Sin embargo, garantizará que esta selección “no tenga influencia política desde el Gobierno y terminar con el padrinazgo”.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Franklin Flores señaló que debe ser el pueblo el que elija a los magistrados sin “cuoteo”. No obstante, reconoció que las autoridades electas del Consejo de la Magistratura —las cuales designan a otros jueces— realizaron una “mala selección” de personas que tienen sentencia ejecutoriada, procesos y problemas. “Supuestamente una justicia del oficialismo ahora se vuelve servil a este, y eso no es meritocrático de ninguna manera”, aseguró el parlamentario.

Ausentes

Este medio intentó comunicarse con los voceros oficiales de las alianzas Juntos, Creemos y el partido Frente para la Victoria, pero no obtuvo respuesta.

Puntos de vista

Según el experto en temas electorales José Velasco, los “mejores” jurisconsultos deben ser elegidos por méritos y sin elección popular por tres razones: 1) el no me importismo que tiene la población ante estos comicios, 2) la alta abstención del voto y 3) la falta de información y conocimiento sobre los candidatos.

Para resolver el problema de la selección de postulantes al sistema judicial sin “filtro político”, como sucede en este proceso en el que interviene la Asamblea Legislativa, Velasco propone la creación de un Tribunal de Méritos y Castigos conformado por “notables” que serían representantes de diferentes regiones, organizaciones sociales, civiles, académicos y universidades, además de partidos políticos que se encargarían de la calificación de autoridades.

La representante de la Fundación Construir, Susana Saavedra, explicó que, indistintamente del proceso de selección de autoridades — por voto popular o por méritos—, lo que debe perfeccionarse son los criterios de clasificación, es decir, la experiencia y conocimientos específicos, personal probo, idóneo, ético y ausente de sesgos contra algunos grupos vulnerables.

Saavedra realiza dos recomendaciones. Respecto a la elección por voto señala que el proceso debe ir acompañado de información a la ciudadanía. Mientras que en la selección por méritos que realiza la Asamblea, esta debe ser “abierta al escrutinio público” y debe contar con una participación amplia de la población.

Presupuesto

La Fundación Construir monitorea el presupuesto que invierte el Estado en la justicia y, según publicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, detectó que en los últimos cinco años el monto es menor al 1% del Presupuesto General del Estado. Por tanto, al no contar con una suma mayor, no puede funcionar de manera autónoma y se ve imposibilitado de satisfacer los servicios de manera adecuada.

El presupuesto es uno de los criterios iniciales e importantes, previstos en los estándares internacionales, para establecer las bases de la existencia de independencia de poderes, pesos y contrapesos, explicó la abogada de esta institución.

Las organizaciones políticas no se refirieron a la inversión presupuestaria en la justicia.

Otras propuestas

Comunidad Ciudadana y Libre 21 coinciden en implementar un sistema digital de la justicia y la centralización de datos en el territorio boliviano, acciones que permitirán eliminar hechos de corrupción, retardación, impunidad y mala aplicación de la justicia.

El Movimiento al Socialismo indicó que insistirá en el debate del nuevo Código Penal, que fue rechazado en 2017 tras las observaciones sobre la praxis médica y el aborto. El diputado Flores señaló que son temas de interés de la población que deben ser analizados.

Por su parte, la representante de PAN-BOL aseguró que trabajarán en los tribunales departamentales para que estos tengan “más soltura”, descentralización, para evitar el hacinamiento y contar con personal capacitado elegido idóneamente.