“Los demócratas presentaremos ante instancias internacionales y países amigos la denuncia por el golpe al Gobierno Municipal de Cochabamba y la violación de derechos políticos de Leyes, y exigimos la restitución inmediata del Alcalde legítimo de Cochabamba”, declaró.

A todas luces, las declaraciones del Gobernador cruceño no solamente son desafortunadas, sino que se constituyen en un llamado a desconocer el ordenamiento jurídico del país, la apología pública de un delito, de una persona acusada por la comisión de hechos de corrupción.

No obstante, ¿cómo explicarán Costas y los amigos de Leyes la supuesta ‘violación de los derechos políticos’ del procesado Alcalde cochabambino? ¿Qué argumentos esgrimirán para demostrar la ‘violación’ de las garantías constitucionales de Leyes?

No la tendrán nada fácil. Los indicios indican que estamos ante un hecho de suma gravedad: la eventual conformación de una organización criminal. 

Leyes fue imputado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

En ese contexto, a Costas y a los ‘demócratas’ no les será fácil convencer a las “instancias internacionales” de que estas acusaciones —producto de los indicios e incluso pruebas encontradas— son ‘violaciones a los derechos políticos’ de Leyes, menos que el procesado Alcalde es “el primer mártir del 21F”. 

Los indicios dicen que Leyes y sus amigos llevaron un proceso de licitación diseñado para favorecerse y favorecer a una empresa con un sobreprecio de Bs 10,1 millones por la compra de mochilas escolares. Entonces, Costas y los suyos tienen ante sí una misión imposible: convencernos de que investigar un delito de corrupción es una ‘violación’ de los derechos políticos del principal sospechoso.