“Lamentablemente, ante las tres solicitudes y habiendo transcurrido tres años Ud. no se molestó en cumplir con la obligación de actuar con la debida diligencia en favor de la independencia judicial”, escribió  Montaño  en Facebook.

La jurista  detalla que  el 18 de septiembre de 2017 la Fundación Derechos Humanos y Justicia de Bolivia hizo llegar al Relator  un informe detallado de los atropellos del gobierno de Evo Morales a la independencia de jueces y fiscales. Luego, el   6 de abril de 2018,  ante la remoción arbitraria y sin previo proceso de 89 jueces y vocales de los tribunales departamentales, el agravamiento de la situación inicialmente denunciada, se volvió  a enviar una  nota para que García-Sayán  actúe de manera inmediata.

Ese mismo año -agrega Montaño-,    el director de la Fundación denunciante,  Rubén Darío Cuéllar,  coincidió con el relator en Lima. “Le entregó personalmente una copia del informe de 6 de abril, recibiendo el compromiso de que actuaría inmediatamente”, dijo. 

El tema cobra vigencia porque el 6 de febrero,   García-Sayán tuiteó  que le preocupa el uso de la justicia  y fiscales en Bolivia  “con fines de persecución política”.  Un día después  publicó una columna en El País, en la que indica:  “Podría haber sido esta una transición democrática; pero no, hay persecución política usando a la justicia”.  

El sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió   que  García-Sayán dimita a su cargo de Relator  porque hizo declaraciones sin   fundamento. “García-Sayán debe renunciar a su cargo de Relator por dignidad, pues acaba de destruir el poco prestigio que le quedaba”, indicó la  Cancillería.

El expresidente Evo Morales tuiteó desde Argentina: “Los organismos y la comunidad internacional ponderaron las buenas relaciones con Bolivia e imagen positiva que siempre proyectó, por lo que resulta penoso que ese prestigio se deteriore con ataques a relatores de ONU que manifiestan preocupación por situación de DDHH en el país”.