El referéndum del 21 de febrero de 2016 no saldó la disputa acerca de la proclamada repostulación del binomio presidencial. Así, mientras la oposición reafirmaba la apretada victoria del No en la consulta, el oficialismo exploraba vías para garantizar la candidatura de Evo Morales en los comicios de 2019. El menú de opciones fue asumido orgánicamente por el MAS en su congreso de fin de año: nuevo referéndum por iniciativa estatal o por iniciativa popular, renuncia anticipada y/o consulta al TCP.

Si bien el Gobierno aseguró que “la vía” se definiría recién en 2019, de improviso presentó un recurso abstracto orientado a declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la normativa electoral y la “inaplicabilidad” de cuatro artículos constitucionales. La madrugadora acción agitó rápidamente la querella en torno a la reelección. Y la primera damnificada de ello fueron las elecciones judiciales, de hecho ya liadas en su legitimidad de origen. Hoy ambas cuestiones resultan indisolubles.

Pese a presiones opositoras, el recurso fue admitido por el TCP y sorteado para su tratamiento. Desde ese momento se activaron los 45 días de plazo. Y se multiplicaron las acciones, legales en la sede del tribunal, de movilización en plaza pública, tanto de adhesión como de rechazo. Como sea, al menos cuatro de los siete magistrados del TCP asumirán pronto la enorme responsabilidad de abrir o no, y con qué alcance, el candado de la reelección, delineando el futuro escenario electoral en el país.

Tanto el oficialismo como la oposición saben que la candidatura del presidente Morales en 2019 es determinante tanto para sus estrategias políticas como en el resultado. Lo dicen diferentes encuestas: el MAS no tiene otro candidato con el apoyo electoral de Evo; y las oposiciones no perfilan, hasta ahora, una candidatura que pueda ganarle en primera vuelta. Tal la magnitud del fallo del Tribunal Constitucional, que no clausurará, sino todo lo contrario, la disputa sobre la reelección.

¿Cuándo se conocerá el fallo? Si bien se presume que será antes de las vacaciones de los magistrados (mediados de diciembre), hay quienes sospechan que podría darse previamente a las elecciones judiciales. Demás está decir que sería el peor escenario para unos comicios ya complicados por su naturaleza, marcados por el debate sobre los tipos de voto. Igual es evidente que más allá de la fecha, más acá de su contenido, la decisión del TCP amoldará las acciones políticas de los próximos dos años.