La acusación de terrorismo hecha por el gobierno anterior a decenas de personas, todas integrantes del liderazgo cruceño, fue una elaborada patraña, realizada aparentemente en concomitancia con agentes de la inteligencia cubana.

El ardid fue efectivo. De un plumazo, el gobierno del MAS se libró de la oposición cruceña, que había puesto en una situación de debilidad a la gestión de Morales. Al acusar, sin ton ni son, a decenas de personas, solo porque habían tenido la mala suerte de encontrarse en alguna ocasión con Eduardo Rozsa, el cabecilla del grupo irregular, generó una gran sensación de inseguridad en la dirigencia cruceña.

Parece ser que el ardid operó de la siguiente manera: o el grupo ya vino “invitado” a Bolivia de manera engañosa, infiltrado por agentes bolivianos y cubanos de inteligencia, o ello ocurrió cuando se detectaron sus primeras acciones en el país. Como sea, esta “organización”, en realidad, fue inofensiva, y aparte de posar en absurdas fotos con armas, no hizo nada. El supuesto atentado a la residencia del cardenal Julio Terrazas no fue más que parte de la tramoya para acelerar el ataque posterior al hotel Las Américas. En el operativo fueron ejecutados, según indican las autopsias realizadas en el exterior, el boliviano-húngaro Eduardo Rozsa-Flores, el rumano-húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer.

39 personas fueron acusadas, algunas en ausencia, por un exfiscal de la peor calaña: Marcelo Soza, que obtuvo refugio en Brasil, y que la justicia boliviana debería hacer todo lo posible por extraditar. Fue él quien chantajeó a los acusados, los mandó detener, los exaccionó y obedeció mansamente las órdenes de las autoridades de gobierno.

Los responsables intelectuales de la operación deben responder por haber realizado una acusación tan masiva, que le hizo daño a tanta gente. Ellos son Evo Morales, Álvaro García Linera, Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada y algunos más.

¿Por qué este caso es el talón de Aquiles de Morales? Porque él, estando en Caracas, admitió que había dado la orden de realizar el operativo. Debido a que se produjeron ejecuciones extrajudiciales, se trata de un delito de lesa humanidad, que no prescribe. Y que se persigue en todo el mundo. Es muy probable que Morales no pueda salir, por mucho tiempo, de Buenos Aires.