Por lo tanto, estas instituciones son esenciales para el correcto funcionamiento de los gobiernos democráticos y en consecuencia son las primeras obligadas en cumplir con las disposiciones constitucionales y legales, tanto de las que les permiten funcionar, como de aquellas que las convierten en sujetos obligados en materia de transparencia y rendición de cuentas. Estos dos últimos conceptos, son precisamente los que menos se han cumplido desde la recuperación de nuestra democracia un 10 de octubre de 1982. De acuerdo con datos históricos, en 185 años (1825-2010), el Congreso, como único ente legislador nacional, aprobó 11.788 leyes, es decir, un promedio de 64 por año. A partir de mayo de 2010 se tienen las Asambleas Legislativas departamentales con un funcionamiento ininterrumpido de 10 años, cuantas leyes departamentales de promulgaron y puestas en ejecución?, sin duda miles y, cuantos asambleístas?, también sin rubor, centenares y, no contemos a los entes legislativos municipales, con lo cual sumariamos una exorbitante cantidad de leyes trabajadas por otra inmensa cifra de “legisladores”, sin contar con su profusa cantidad de “asesores y consultores”, personal administrativo y de apoyo, tanto de cada uno de los legisladores, como de los entes legislativos que pertenecen a la planta de “funcionamiento institucional”. Estamos hablando de miles, como también de miles los millones de recursos económicos que se “consumen” en esta burocracia política, que debía llevarnos a un desarrollo de alta calidad de vida. Sin embargo, no pasamos la raya del subdesarrollo, ni despegamos del tercermundismo con el que se bautizaron a las últimas diez generaciones bolivianas.
Hoy, que ya se conocen las listas de candidatos que pretenden convertirse en legisladores de la ALP en las cámaras de diputados y senadores, la población queda estupefacta, anonadada y al borde de un shock, al observar los nombres de archiconocidos políticos con pretensión de repetir cargos u otros mejores en jerarquía, (que no han pasado una evaluación severa de su “gestión” anterior), y los más de esas listas una serie de desconocidos oportunistas –como los precedentes- cuya presencia no revelan cualidades ciudadanas, de su formación política, académica o de su trabajo, si es que trabajaban en algo privado o público, intelectual, empresarial, comercial, artesanal o de otra naturaleza, donde se hubiesen destacado por sus cualidades humanas desarrolladas en bien de la sociedad o una parte de ella, y, no digamos en beneficio relevante por sus municipios, su departamento o menos, el país. Por el contrario, en listas se hallan a contrapelo: cínicos tránsfugas, denunciados de ineptos o corruptos, caprichosos(as) qué, sí o sí, quieren ser asambleístas nacionales, no les importa su desnuda ineficiencia o inexperiencia, pero que consideran que “merecen” por una razón absolutamente personal y no de ninguna otra naturaleza, y que deben estar en La Paz, apoltronados y rodeados de “sus iguales” en ese noble anfiteatro de la ALP. También figuran quienes creen que representan a una determinada clase o sector sin que ameriten la dignidad de esa representación que buscan los lleve a la sede de gobierno y fungir poco menos como “honorables” tal como se hacían llamar en el pasado hasta que el año 2000 se determinó excluir del léxico parlamentario este término, por ser ofensivo para la sociedad boliviana, pues no pocos de ellos que les encantaba se los llame por ese apelativo, expresaban en sus actos, precisamente lo opuesto y varios de ellos, terminaron con procesos civiles, administrativos, ejecutivos y, cuando no, penales; alguno en la cárcel? Existen registros o archivos que testimonien el reconocimiento a la gestión parlamentaria o congresista recibido por algún ex parlamentario, por su trabajo en pro de un sector, de una población, de un municipio, de un departamento o del país, que testimonien su fructífera acción que hubiese modificado sustancialmente la vida, la realidad de un estado de situación por otro mejor o superior, por alguna ley que además, estuviese vigente? De los recientes 30 años transcurridos, no existen leyes vigentes que hubiesen provocado un cambio transcendental como la llamada ley maldita, Ley 1551 o el odiado y vilipendiado D.S. 21060, que además fueron aprehendidas por la nación boliviana y creado una nueva institucionalidad para la vida socio económico nacional. La profusa legislación del periodo del proceso de cambio, por el contrario han generado con sus 2/3 en 14 años, normativas ambiguas, no aplicadas, ni evaluadas, menos con resultados. Los que esperan en lista frotándose las manos, será que han meditado lo que es provocar cambios sustanciales en base a normativas específicas frente a los males sociales, económicos, políticos, jurídicos, ecológicos, medio ambientalistas, institucionales y otros que causen estado para mejor futuro y determinar una nueva vida boliviana?
Entre las funciones parlamentarias o legislativas que establece la CPE son las de Deliberar, Legislar y Fiscalizar, refiriéndose a los actos y atribuciones de Legislar para emitir normas de carácter general y abstracto que regulen la relación entre el gobierno y la ciudadanía; Representar políticamente a la población a través de la pluralidad de intereses y la representación territorial de cada legislador; Controlar la gestión del Poder Ejecutivo a través de los instrumentos de ley; Deliberar en torno a los temas de importancia social, política, económica, medio ambiental, ecológica y otras a fin de contribuir a la toma de decisiones políticas; Crear el marco legal presupuestal para que puedan desarrollarse las actividades inherentes a la administración pública nacional; Juzgar casos donde servidores públicos hayan incurrido en responsabilidades administrativas; Difundir o hacer extensivo y accesible información de carácter político, social, económico y de otros ámbitos de interés de la población y su desarrollo; Administrar los asuntos que son propios a la esfera del Poder Legislativo; Recibir y Tratar los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular; Iniciar procesos de consulta popular para determinados proyectos de ley; Aproximar el Estado a la sociedad y viceversa, etc..
Para cumplir con los postulados de la CPE y toda la legislación boliviana, los parlamentarios, congresistas y hoy asambleístas, debieran tener ciertas cualidades y un perfil correspondiente con las exigencias de aquel cargo, además de ser, en su actuar: objetivo y equitativo, a todas las formaciones políticas de ese medio legislativo de diversidad política e ideológica para generar leyes por consenso y no por mayoría abrumadora de otros 2/3. El asambleísta debiera reivindicarse por su propio trabajo, por su labor en la formulación y tramitación de las leyes, sin embargo la realidad muestra que, son sus asesores quienes trabajan las leyes y otros documentos procedimentales que debe presentar el titular como “suyos”, es decir otro es el origen de estas normativas que “trabajan” los asambleístas, aún cuando sean de la idea primera. Por ejemplo, contrastando, no es el caso de los diputados suecos cuya vida y transcurrir parlamentario está impregnado de la austeridad habitual de ese país: oficinas de siete metros cuadrados, apartamentos pequeños para funcionarios y límites estrictos a la hora de usar el dinero de los contribuyentes en el ejercicio de la actividad parlamentaria. Los diputados suecos no disfrutan de beneficios adicionales como presupuesto para alquilar transportes, pasajes y viáticos (semana regional en Bolivia) fondos para alquilarse viviendas, dietas, pluses, dobles aguinaldos, quinquenales, contratación de asesores particulares, personal de apoyo, secretarias, asistentes de secretaria, mensajería y limpieza, ayuda para gastos médicos extraordinarios, jugosas jubilaciones, fondos para la divulgación del mandato o resultados de “su gestión”, gastos de comunicación y difusión, refrigerios y extras a cargo de presupuestos parlamentarios como” misceláneas”, entre otras cosas.
Entonces, no tiene sentido conceder privilegios especiales a los parlamentarios o asambleístas, porque su tarea es representar a los ciudadanos y conocer la realidad en la que viven para transformarla en el mejor de los sentidos. Aquí, los políticos con representación, prefieren correr tras favores, priorizar normas a pedido, favorecer a poderosos, favorecerse personalmente, a amigos(as), familiares y otros. Representar a los ciudadanos es un privilegio en sí, ya que se tiene la oportunidad de influir en el rumbo del país y cambiar su realidad frente los problemas y dificultades propias y del entorno regional globalizado. Será que algunos de las listas piensan así y ya tienen las soluciones y por ello reivindican su inclusión en esas listas.?! Será que entienden que su formación, experiencia, conciencia social y accionar previo reconocido socialmente, ameritan su incorporación en estas listas? Será que algún sector de la sociedad clamó por que sean candidato(a) al mejor estilo boliviano con pronunciamientos, mítines, huelgas de hambre, marchas o bloqueos (hasta las ultimas consecuencias) para que tal o cual personaje sea tomado en cuentas para una determinada lista de candidatos? Estas gentes avalan la probidad de aquellos en listas? Sus “mandantes” claman por reconocer su ética y moral política, probada?
Si bien, es el partido quien selecciona las listas sin que hayan sido sometidos a criterios de mérito y capacidad, y sin una acción de oposición pública como ejercicio social que funcione como tribunal previo en el que por definición, además de medir meritos académicos o funcionales para solucionar algún problema social, económico o de otra naturaleza que amerite ser representante de alguna opciones políticas acorde con sus antecedentes, debiera ser en todo caso, la parte técnica de su formación el requisito clave para ser considerado “elegible”. Existen muchísimas criticas respecto a que los dirigentes de una FEJUVE se consideren “elegibles” per se, para ocupar el sillón de concejal municipal, o, ejecutivo edil, cuando los miembros de un concejo municipal o ejecutivo debieran ser -por las necesidades del desarrollo urbano-, ingenieros sanitarios, arquitectos, ingenieros civiles o planificadores, agrónomos o forestales, ingenieros hidráulicos, medioambientalistas o ecologistas, economistas con mención en desarrollo, especialistas en administración de la salud y/o hospitales, sociólogos, psicólogos, pedagogos o especialistas en ciencias de la educación, etnólogos o antropólogos, historiadores u otras profesiones o especialistas en temas afines al desarrollo urbano o la gestión urbana y a la ciudadanía vecinal. A cambio de ello, se eligen personajes especialistas en inventarse ofensivos clichés o slogans para adormecer a la ciudadanía y vecinos como eso de “Tarija Ciudad Inteligente”, “Ciudad Capital” y otros como que “Llegó un Nuevo Tiempo para Tarija”, que al final son epítetos absurdos que contrastan con la realidad del desarrollo en el mejor sentido de la palabra y más bien, fungen como decía Marx respecto de la religión “El opio del Pueblo” y funcionan en sus resultados como la propaganda nazi de la devastada Alemania y Europa fruto de los mecanismos e instrumentos comunicacionales del execrable fascismo. Si existiesen debates departamentales, municipales o por circunscripciones electorales o distritales, muchísimos de estos ciudadanos, hoy en listas de candidatos, no pasarían una elemental prueba oral o escrita. Muchos no accederían a un curul, ni dando un redesquite, (salvo “charle” con el tío, el compadre o la comadre..!).
Ante el clamor popular por la ausencia de desprendimiento en la mal llamada clase política por generar una plataforma consensuada para imponer una mayoría parlamentaria que anule el autoritarismo del socialismo del Siglo XXI y se genera las condiciones para dar funcionalidad a una democracia para el desarrollo, los políticos han desoído al pueblo, a la opinión de estudiosos y de entendidos en asuntos políticos y se han embarcado en una carrera frenética sin importar las consecuencias de esta su actitud que bordea la estupidez. Según las reformas políticas electorales, realizadas por el MAS desde el 2009, que permite que el 72% de la población boliviana ubicada en las áreas urbanas, eligen al 50% de los diputados y senadores, mientras el 28% de la población rural elige al otro 50%. Es decir su valor de voto individual y sumado, es mayor que el voto urbano, blancoide, kara, mestizo, criollo o karayana, mientras el voto indígena originario campesino tiene una relación de 1 a 3 de mayor valor ponderado numéricamente. Por ello las campañas electorales del MAS desde el 2009, hablaban del “voto oculto” del masismo y que estos serian el que otorgue el triunfo al MAS y al Jefazo. Por ello, siempre los candidatos uninominales en circunscripciones electorales rurales han ganado en numero a los candidatos de las circunscripciones urbanas favoreciendo al MAS con mayoría parlamentaria en diputados e incluso en senadores, con ello han logrado los perversos 2/3 en ambas cámaras, lo que les ha permitido discrecionalidad extrema en sus actos legislativos y ningún control sobre el ejecutivo, constituyendo la “dictadura azul” que ha hundido al país en la desinstitucionalización, la judicialización de la política, la corrupción pública y judicial, el narcotráfico y otros males como del FONDIOC, Banco UNION, CAMCE, etc., etc. Además los partidos políticos no masistas, nunca han logrado inscribir candidatos opositores al MAS en todas las circunscripciones electorales del territorio nacional, o sea su incapacidad para trabajar territorios políticos alejados, ha concentrado sus organizaciones y representaciones en los contextos socio espaciales estrictamente urbanos, donde practican un canibalismo suigeneris entre iguales, mientras el MAS se regodea de ese circo propio de la oposición, donde demuestran y hacen gala de sus incapacidades, mediocridad y debilidades antes que alguna virtud, que los lleva al fracaso y ser perdedores políticos. Para que no suceda nuevamente esta perversa figura, es de desear que los partidos inscritos decidan resignar los votos por sus candidatos menos preferidos y opten por que se voten de forma cruzada por los candidatos de otros partidos opositores al masismo, que la población asuma sean más potables a la referencia, frente a los candidatos azules y se rescate un significativo número de diputados uninominales especialmente y senadores para el bloque democrático y no se permita nuevamente una mayoría parlamentaria del Socialismo del Siglo XXI. Urge contar con nueva ley electoral y de partidos políticos.
Otro elemento que pone en riesgo el intentar desequilibrar la presencia masista en la ALP, es la práctica del masismo para violar la CPE e imponer su criterio antes que la ley. Veamos, en las elecciones del 2014, Evo Morales fue habilitado mediante una Ley de Aplicación Normativa que interpretaba que Morales y Linera podían postularse dos veces continuas, pretextando que su primera elección fue en el marco de la anterior CPE y además que ahora Bolivia no era República, sino Estado Plurinacional. El 2015 el MAS propuso una modificación vía legislativa de la CPE para habilitar a Evo en nuevo mandato que no prosperó, entonces organizaron el Referéndum del 21 de febrero de 2016, donde el MAS perdió, pero inmediatamente pidieron la nulidad porque “el pueblo fue engañado” con el caso Zapata por el “cartel de la mentira”. El MAS intentó un nuevo referéndum y Evo planteó “un segundo tiempo”. Posteriormente la CONALCAM planteó “cuatro vías constitucionales” para garantizar la repostulación del binomio Morales Linera. Seguidamente el MAS entregó al TCP una solicitud para que se declare de Aplicación Preferente el Art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referida a los derechos políticos y se permita la reelección indefinida de Evo Morales, en el argumento que era un derecho humano. Finalmente el TCP emitió la Sentencia Constitucional No. 084 que dio curso a la “aplicación preferente” de aquel Art. 23 y habilitó su repostulación indefinida. Como si fuera poco, en el 2018, el TSE impulsó una nueva Ley de Organizaciones Políticas que establecía “elecciones primarias” antes de 4 años de lo planteado originalmente, esta ley excluyó el Art. 168 de la CPE, que establece limitaciones taxativas respecto a la reelección. En la actual coyuntura electoral, Evo Morales y otros en similar situación de un retorno extemporáneo a los plazos definidos de residencia permanente de dos y cinco años previos en la circunscripción electoral donde se inscribió, han sido anotados como candidatos para las elecciones del 3 de mayo próximo. La CPE, cúspide normativa en la pirámide de Kelsen, señala definitivamente imposible aquella figura en el Art. 149, si no se cumple ese requisito específico y taxativo. Entonces, que primará nuevamente ante este caso, otra violación a la Carta Magna, una vulneración de la ley máxima, ley de leyes a la que debe estar subordinada toda otra norma menor solo porque los caprichos y devaneos políticos de interesados individuales, deben estar por encima de la ley, de la CPE..?!
De justificarse nuevamente la vulneración de la CPE y otras leyes, para alegría de pocos y la pena de muchos, quedará constatado una vez más, que esta CPE, es solo un papel escrito sin valor jurídico, vulnerable a todo antojo, capricho e interpretación, de quienes ostentan cargos de magistrados, jurisconsultos, hombres de derecho, doctos en leyes y jurisprudencia, legisladores, etc., etc. El sacar de por medio a la amenaza azul, es una cosa, otra es acomodar la suprema ley a gustos y arbitrios particulares, políticos y de otra naturaleza al calor de la coyuntura y de las intensiones que subyacen en la angurria de la “clase política”. Con todo este panorama, entre candidatos que provocan incertidumbre, desconfianza y la imperiosa necesidad que la norma se cumpla, un pensamiento: los billetes norteamericanos llevan el lema “En Dios Confiamos”, en los nuestros debiera decir “Dios Salve a Bolivia”.