Uno de los fundamentos para garantizar la integridad de una elección es que sea técnicamente bien administrada, en todos los componentes y fases del ciclo electoral. Ello presupone la existencia de un organismo electoral creíble con fortaleza, legitimidad e independencia para preservar los principios de legalidad e imparcialidad. Pese a las dudas generadas por la candidatura de la Presidenta transitoria, el TSE goza de confianza mayoritaria en la población, y conservarla dependerá de su desempeño.

Es evidente, entonces, que la gestión técnica del proceso es una condición necesaria para una elección democrática, pero no suficiente. Es fundamental también que las organizaciones políticas, sin excepción, tengan garantías para competir en los comicios, postular candidaturas, realizar campaña, movilizarse en todo el territorio nacional. Ello no es posible en un ambiente hostil y de discriminación, con espacios vedados. Y menos cuando desde el Estado se ejecutan acciones de persecución política.

Hemos celebrado como país el acuerdo político in extremis logrado para la recomposición del Órgano Electoral con nuevos vocales y la convocatoria a nuevas elecciones generales, tras haber declarado “sin efecto legal” los fallidos resultados electorales de octubre. Ese meritorio esfuerzo de concertación puede naufragar si no se garantizan las condiciones para una elección plural y competitiva. La vulneración de derechos está poniendo en riesgo incluso la todavía frágil pacificación.

“En un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales”, advirtió hace poco Jean Arnault, enviado personal en Bolivia del Secretario General de las Naciones Unidas. En el mismo sentido se pronunció el relator especial de la ONU Diego García-Sayán: “Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales”. Todos debiéramos estar preocupados.

La alerta planteada por las Naciones Unidas se refiere a los juicios sumarios y apresamientos arbitrarios impulsados por el Ejecutivo (en especial desde el Ministerio de Gobierno) contra exautoridades y candidatos del MAS-IPSP. Cuentan para ello con la acción presta y obediente de jueces, fiscales y policías. Lo evidente es que, con sentencias previas acompañadas de discursos de odio, y sin garantías (como el debido proceso) y libertades para todos, no será posible tener elecciones libres en el país.