La Cancillería emitió dicho pronunciamiento bajo el título “A personajes como García-Sayán habría que preguntarles ¿dónde estuvieron durante los últimos 14 años que duró el gobierno del MAS?”; La reacción surge a raíz de la publicación de la columna de opinión que escribió el representante de la ONU en el periódico El País de España titulada “Bolivia: Tortuosa transición”. En ésta, García-Sayán dijo que dos asuntos despiertan preocupación: la postulación de Jeanine Áñez a la Presidencia, cuando era la llamada a “guardar neutralidad y distancia”, y la “sucesión de denuncias sobre atropellos a los derechos democráticos” a los exoficialistas.

El Ejecutivo de Bolivia respondió que “el señor García-Sayán se equivocó de gobierno. Dichas denuncias debió plantearlas durante la gestión de Evo Morales, un gobierno de profesionales de la política totalitaria que organizaron un sistema donde los jueces y los fiscales, elegidos por una asamblea nacional bajo su control, fueron el instrumento para silenciar, intimidar, perseguir y asesinar a los opositores políticos”. Y además cuestionó su moral: ¿Qué credenciales morales y qué autoridad tiene el señor García-Sayán para decirle a los bolivianos cómo conducirse frente a un dictador que cometió fraude electoral y amenazó a la población con cercar las ciudades y asfixiarlos o para juzgar a un pueblo que luchó por su libertad?

En la parte final del comunicado, el Gobierno boliviano refiere una frase del Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y sostiene: “García-Sayán debe renunciar a su cargo de Relator por dignidad, pues acaba de destruir el poco prestigio que le quedaba. Al permitir que la ideología prevalezca sobre la decencia, la democracia y la libertad, García-Sayán se ha descalificado a sí mismo. Así lo afirmó el Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuando García-Sayán estaba en la Corte Interamericana, al señalar: “Es muy triste que la Corte de García-Sayán haya tirado por la borda la jurisprudencia construida con el sacrificio de muchos que se han arriesgado para limitar los abusos de las autoridades y de quienes manejan asuntos de interés público(…) La Corte ha privado a la región de una herramienta clave para luchar contra el abuso de poder y la corrupción, una batalla que seguimos perdiendo”.