Ahora bien, cualquier crítica a esta situación no puede venir del partido de Evo Morales, y es que el expresidente y los suyos son los causantes de todo lo que está sucediendo en el país. La violación de la Constitución y el fraude que se han mandado nos han llevado (para mal o para bien) a estas circunstancias.

Un fraude de las características que ha tenido lugar merece un castigo y el Estado debería poder estar en las condiciones de someter a un juicio a los responsables de ese hecho, que tiene el enorme costo de haber pretendido burlar la voluntad de los electores y que ha llevado a situaciones extremas. Las muertes en Senkata y en Sacaba que enlutan al país pueden ser vistas como la muerte de gente que expuso su vida por defender el fraude y la violación de  la Constitución.

La inscripción de las candidaturas nos está enfrentando ahora a una situación que rebela el sentido común. El expresidente Morales, que debe responder ante la justicia por el fraude, por la conspiración que ha significado violar la Constitución y por el mal uso de los dineros del Estado -que se hizo en los más distintos  aspectos de su administración, incluyendo la propaganda política a favor de su imagen- de ser elegido senador accederá a la inmunidad que el cargo le confiere, y eso lo llevará a una situación de impunidad.

En estos días se está hablando también de los dineros estatales que recibirán las diferentes tiendas políticas para hacer sus campañas y resulta que el MAS, el partido fraudulento, podría llevarse el mayor porcentaje del monto destinado. Es absurdo.

Creo que es además importante puntualizar que aparte del daño institucional causado por el fraude está el daño económico directo, que es claramente cuantificable. Bolivia ha gastado una suma muy importante en estas elecciones: el costo mismo de las mismas, erogado por el Estado, y el esfuerzo económico de los ciudadanos que han  aportado a las distintas campañas, y todo ha quedado en nada. Alguien tiene que responsabilizarse por esa pérdida,  insisto,  tanto del Estado como de las distintas tiendas políticas que participaron en el proceso. 

Creo que el MAS debe compensar económicamente al Estado y a los partidos políticos por los gastos incurridos en la elecciones que fueron anuladas debido al fraude cometido por ellos. Los ciudadanos, el pueblo, no tienen por qué hacerlo. 

De hecho, no tratar de recuperar ese dinero para el Estado debería ser visto como un incumplimiento de deberes, y creo que los distintos partidos que participaron de la justa electoral frustrada deberían ser indemnizados por los culpables del fraude. 

¿Será posible deducir del monto que supuestamente le corresponde al MAS para las próximas elecciones  (al menos una parte de todo),  lo que ha costado ese acto delictivo del partido de Evo Morales? 

El MAS, para tener pleno derecho a participar de la vida pública del país debería depurarse, tiene que deshacerse de quienes participaron tanto en la conspiración contra la Constitución, como de quienes organizaron el fraude. Tiene que pedir disculpas y tiene que pagar los estropicios que ha causado. ¿Podrá hacerlo?