Rodríguez habló después de mucho tiempo con Página Siete. Mantuvo una línea de discreción con los medios en su gestión. Ahora, dice que ha llegado para quedarse. Tiene algunos temas pendientes con organismos en Europa y viajará con regularidad a ese continente. Es posible que vuelva a la academia en Bolivia -fue durante seis años decano de la carrera de Derecho de la UCB-, pero con algo diferente: quiere abrir un servicio de apoyo jurídico. Deja a sus dos hijos menores terminando sus estudios en Europa y lucha por acomodarse nuevamente en La Paz en tiempo récord, pero, sobre todo, dice su verdad en esta entrevista.

¿Cómo han quedado las relaciones con Chile después del resultado en La Haya y cómo están ahora en las puertas del fallo por el Silala? 

Los temas con Chile hay que mirarlos comprensivamente, en términos de una relación bilateral de vecindad. El diferendo por el mar ha tenido el resultado que se conoce, pero creo que es útil mencionar que el tema marítimo no se agotó ni terminó, más bien se abre una nueva proyección.

 ¿Y cómo ve esa apertura? Las relaciones han quedado tensas.

No creo que se haya cerrado nada. Lo que se ha cerrado es una opción que se intentó y esa opción al cerrarse abrió otra. A un vecino como es Chile deberíamos prestarle más atención. La política exterior frente a Chile debe diseñarse y ejecutarse como una política de Estado, no es simplemente una política del gobierno ni de Evo ni de Jeanine ni de nadie. Hay que redefinir la política exterior con Chile. 

La impresión es que va a ser muy difícil retomar el tema de la soberanía como Bolivia lo planteó históricamente; aparentemente hay un retroceso. 

No creo que sea así. Efectivamente hay una desazón por el resultado, pero lo que hace falta es explorar, analizar y reflexionar sobre el fallo. Es interesante que los comentarios académicos sobre los alcances de esa decisión se están produciendo fuera de Bolivia, aquí no se los está leyendo ni se los está reproduciendo. 

¿Y cuáles son esos comentarios?

No puedo referirme a todos, pero hay varios elementos. A mi juicio es una nueva ventana de oportunidad que tiene que ver con que la Corte reconoció explícitamente que el problema subsiste. Pero  la Corte señala el camino y dice que ambos países tienen que trabajar para alcanzar negociaciones significativas que contribuyan a resolver este problema. Las opiniones anexas, entre ellas la del presidente de la CIJ, destacan que este fallo no limita la solución del problema. Por eso extraño que la academia y los estudiosos no hayan trabajado  un poco más a detalle sobre el fallo.

¿Esto quiere decir que Evo tenía razón en su interpretación optimista de la derrota en La Haya?

Más allá de comentar el juicio del expresidente Morales, tenemos un texto muy explícito. También hay que hacer autocrítica sobre una impronta nacional que es exigir acceso al mar con soberanía; propios y extraños, en su tiempo, exigían que si no había soberanía en la solución no había nada, pues habrá que reflexionar sobre eso, no solamente un crítica hacia el anterior Gobierno sino a quienes impulsaron este concepto como determinante.

 Chile dijo que este asunto está cerrado, o ¿cree que haya la voluntad de retomar esta negociación? 

No sería la primera vez que algunos presidentes de Chile dan por cerrada cualquier posibilidad de negociar o de retomar el tema marítimo. Así como también hay testimonios de presidentes chilenos que a lo largo de la historia reconocieron la existencia del problema y la necesidad de resolverlo. Entonces, tenemos que asumir que éste es un desafío diplomático.

En cuanto al Silala, ¿qué es lo que se viene? Hay pronósticos negativos en torno a ese fallo. 

El proceso del Silala se encuentra prácticamente concluido. Se han agotado las rondas de alegatos escritos y queda pendiente una convocatoria de la Corte para definir una reunión con el presidente y los agentes de ambos países. En este tema tengo que hacer un paréntesis porque prácticamente a tres meses de haber retornado -después de que cesé en mi condición de embajador y agente ante La Haya- pedí explícitamente que necesitaba transferir información de este proceso que por el reglamento de la Corte es reservada; además de gestiones diplomáticas confidenciales, y esta reunión todavía no se ha producido. No entiendo las razones.

¿Ni la Cancillería boliviana lo ha recibido? 

Nadie, tampoco la Presidenta porque hay que destacar que la condición del agente es una nominación presidencial, no del Canciller. Entonces, estoy pidiendo que me reciba la Presidenta. Por responsabilidad y mandato de la ley y la propia Constitución no puedo revelar esta información, pero es preocupante que transcurridos prácticamente tres meses, Bolivia continúe sin agente. Mi nombre aún figura en internet...

¿No le pidieron que se quedara cuando hubo el cambio de Gobierno? Porque se habló de eso... 

Yo presento mi renuncia tan pronto tomo conocimiento por los medios de que hay una nueva Presidenta. Lo que corresponde por decoro y dignidad es que ella defina si me ratifica o me reemplaza. El día 18 (de noviembre), sin tener respuesta oficial, yo concurría a la misión en La Haya y me entregaron una comunicación de la canciller Longaric donde me decían que se había aceptado mi renuncia y que ésta tenía que hacerse efectiva el día 15, es decir retroactivamente. Me pedía que en el día entregue mis archivos, mis llaves, mis informes, devuelva mis pasaportes y haga una declaración jurada de bienes. Hay que destacar que esta forma de actuar no contribuye a la buena práctica y a honrar la ley. Quiero destacarlo porque la ley del servicio exterior prevé que cuando hay una cesación de representantes diplomáticos hay plazos que honrar, hay derechos laborales que honrar, hay por lo menos 30 días. Luego, pasaron dos semanas y recibí una llamada de Karen Longaric que me dijo que yo podía permanecer como agente por razones operativas; entonces yo agradecí la decisión, pero ya era -como le comenté- un hecho cumplido, yo ya había avanzado en despedirme pero sobre todo porque el mismo día 18 tomé conocimiento de que la Canciller había nominado a un señor de apellido Salazar Paredes como embajador especial ante la CIJ y ante  los Países Bajos. 

Pero, hasta ahora no tenemos información de que se haya producido el cambio... 

Eso yo no sé. La Cancillería no ha tomado contacto conmigo para absolutamente nada. Con esos antecedentes de una forma de proceder ajena a la práctica diplomática, a la convención de Viena y al respeto por la dignidad no de mí, no de Eduardo Rodríguez, sino del país, y además sabiendo que había una nominación, obviamente yo no podía aceptar. 

¿Cómo cree que vaya a darse el resultado de este diferendo?

A mi juicio, la demanda del Silala tiene varias características que se puede mencionar sin infringir esa reserva en la que se encuentra. Mi impresión personal es que esa demanda resultaba innecesaria porque éste y otros temas que tienen relación con recursos hídricos compartidos no deberían litigarse, deberían cooperarse. Más allá de lo que vaya a resolverse, mi posición personal es que al igual que en el tema marítimo, el Silala debería convocar a las autoridades nacionales a tener un entendimiento cabal de lo que representa la demanda de Chile, nuestra contrademanda y el Estado de situación en general de la relación con Chile, que, insisto, debería ser una política de Estado, independientemente de quien sea electo. La Presidenta y la Cancillería deberían asumir una línea de transmitir la información en un tema tan sensible: esto es impostergable sobre todo frente a la apertura de un proceso electoral en el cual este tema debería ser muy bien informado.

¿Cuándo son las audiencias?

He dejado de participar como agente y no corresponde anunciar cuándo serán estas audiencias. Pero, hay un tema que no puedo dejar de mencionar y es que las audiencias orales pueden ser suspendidas o postergadas mientras se producen procesos electorales.

¿O sea que es posible que no sea en estos meses? 

La Corte ha obrado así el año pasado y lo ha hecho con varios países, porque son procesos sensibles.

¿Y el equipo jurídico continúa trabajando?

Yo he sido absolutamente sustraído de esa cadena de información y de responsabilidades y obviamente no sé si siguen o no trabajando.

¿Cree que ha habido un apresuramiento de la Cancillería en tomar decisiones que quizás corresponderían a un futuro gobierno, como establecer relaciones o cortarlas con otros países? 

Esa es una pregunta que me lleva a recordar mi propia presidencia de transición. La primera reflexión es que mi gobierno no sacó a ningún funcionario de servicio diplomático ni se nombró ni se despidió en el entendimiento de que esa era una decisión de un gobierno elegido, con un horizonte de gestión mucho mayor. Segundo, hay un tema de costos: el funcionario diplomático que es cesado o es aceptada su renuncia, tiene derechos laborales que tienen que presupuestarse; no cancelarlos o dejarlos indefinidamente impagos. Este Gobierno tendrá que dar cuenta en algún momento porque no sólo han sido los embajadores los retirados sino también funcionarios y sus familias repatriadas y eso tiene un costo presupuestario altísimo. A mí me preocupa que se hayan tomado decisiones tan inmediatas y sin la reflexión de un colectivo de intereses nacionales como lo anotaba como el tema marítimo o el Silala. 

¿Qué opina de que la Presidenta, que también conduce un gobierno de transición, haya lanzado su candidatura? 

Fueron circunstancias distintas pero igualmente críticas. En junio de 2005 también tuvimos levantamientos populares y hubo desorden y caos, pero lo más importante tiene que ver con un principio fundamental que estaba inscrito en la anterior Constitución, que decía que el servidor o el funcionario público es un servidor de los intereses de la colectividad y no de ningún interés personal o de partido político alguno. El entendimiento que tuvimos en mi gobierno fue precisamente el de tender un puente en una crisis de Estado hacia una solución democrática que eran elecciones, pero preservando que la actividad política o personal quede a un lado y se siga a los intereses de la colectividad. Yo entiendo que hoy hay un ambiente relativamente enrarecido porque que  la Presidenta se convierta en candidata distorsiona. Se puede discutir si tiene o no derecho, pero el fin prioritario de tender un puente hacia una elección libre e imparcial ha quedado subalternizado frente al interés personal y político de ella, de servir a los intereses de su partido. 

Ella dice que hará campaña en sus tiempos libres. ¿Cree que sea posible separar las funciones ejecutivas del proselitismo? 

Es pues imposible: el Presidente -por lo que me ha tocado vivir en ese tiempo- es un funcionario de 24 horas y siete días a la semana. En las noticias tú no sabes si estás mirando al candidato o la candidata o al jefe de Estado. Esos matices preocupan, al igual que el silencio del Tribunal Supremo Electoral. También me preocupa que se esté actuando con alguna línea de soberbia y de venganza frente al pasado, como se criticó tanto al MAS. Esto puede teñir el proceso democrático, no creo que la democracia sea para solamente buscar venganza sino abrir oportunidades.

¿Usted hubiese preferido otra salida?

Es muy claro para mí que la sucesión debía producirse en el orden que señalaba la Constitución: el Presidente al Vicepresidente, pero ambos renunciaron. Inmediatamente, acudirse a la cabeza de los órganos del Poder Legislativo, pero lamentablemente el país vivían unas horas en las cuales se producían actos de violencia descontrolados. No era precisamente el mejor ambiente para garantizar que la cabeza de esos órganos pueda reemplazar las renuncias y obviamente se produjo una interpretación que a mi juicio no corresponde. 

Pero, ¿qué hubiese correspondido?

Creo que debía ocurrir lo que ocurrió el año 2005: debía convocarse a la Asamblea para que delibere y elija democráticamente a sus cabezas, que eran las que por Constitución debían suceder en el poder. Esas cabezas debían surgir de una votación libre, sin presiones, sin órganos de la fuerza pública alrededor de los recintos; leer las renuncias, deliberar y definir. 

¿Cree que primó la desesperación porque Evo no volviera? 

Es posible. Yo vivía afuera, pero recién en últimas horas se están conociendo episodios de lo que representó ese momento, cómo cocinaron si vale el término, esa sucesión. La información recién está llegando. Como embajador, la última instrucción que recibí de Cancillería fue acudir a estos gobiernos para que apoyen la auditoría electoral que iba a realizar la OEA. Así lo hice: 

Portugal decidió apoyar y Holanda  fue el primer país en desembolsar el monto más alto para  la auditoría. La idea  no era solamente para esclarecer el eventual fraude, para que Bolivia encuentre una solución en paz. Producidos los hechos, me dicen, ¿qué pasó, nosotros apostábamos a que los bolivianos iban a ser capaces de resolver su problema electoral con una auditoría, con el Tribunal Supremo, con una  Asamblea, con una democracia en pie y en paz, pero sin muertos, sin casas incendiadas, sin persecución, sin Fuerzas Armadas en la calle, sin ese nivel de violencia? Mi perspectiva desde Europa fue que lo que acontecía en Bolivia era  lamentable porque habíamos perdido el carril de la paz, estábamos descarrilados en violencia de uno y otro lado posiblemente. Había que admitir que habíamos retrocedido.

 ¿Por eso la narrativa internacional del golpe de Estado se impuso?

Me resisto a ese razonamiento reduccionista de si fue golpe o no fue golpe. Yo creo que fueron muchas cosas. Lo primero, lo acabo de decir, es que hubo un desprecio por solucionar pacíficamente y de manera dialogada nuestras diferencias. Indudablemente, el tema del 21F caló muy hondo y   por eso hay que preguntarnos qué pasó con el Tribunal Constitucional y qué está haciendo hoy el mismo Tribunal Constitucional. A mi juicio se debe abrir un nuevo debate nacional, incluso electoral, sobre qué clase de Tribunal Constitucional necesitamos y qué clase de justicia, más independiente, vemos como indispensable. 

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que se ha llegado a ciertos consensos con el ala concertadora del MAS.  

Es destacable. Muchos de los legisladores y la Presidenta del Senado tuvieron una actitud muy conciliadora y promovieron estos entendimientos fundamentales como la elección del Tribunal Supremo Electoral, pero creo que faltan todavía señales más fuertes y más nítidas. Cuando leo la prensa tengo la impresión de que la agenda inquisitiva contra el MAS va a superar los límites que permitan una elección imparcial. Me parece lamentable que instituciones de derecho internacional como el asilo, los salvoconductos, mantener relaciones internacionales con el mayor número de países, hayan tenido una deriva tan politizada. En una de mis últimas reuniones académicas en La Haya se mencionó que se debe promover que se abran debidos procesos contra las personas perseguidas y no convertir ninguna embajada en una suerte de cárcel. A las personas se las procesa, se las juzga y se las sanciona, pero no puede  haber estos espacios indefinidos que vulneran derechos fundamentales. México podría interponer un proceso contra Bolivia por lo que está pasando con su embajada en La Paz, por ese asedio permitido por el Gobierno.

¿Cuál ha sido el peor pecado del MAS en todo este proceso en su opinión? 

Bueno, hubo uno que yo lo sostuve en su tiempo y fue (presionar) el fallo del Tribunal Constitucional, fue un error jurídico. Yo emití tres opiniones públicas al respecto. 

¿Permitir la repostulación?

Yo consideré que el fallo vulneraba el concepto esencial de que la soberanía popular es el cimiento fundamental del entendimiento normativo. Yo creo que ese fue un detonante crítico de todo lo que pasó después. 

¿Cómo ve  el escenario  preelectoral?

Tengo la impresión de que es muy fuerte el síntoma del caudillismo en el país; de la extensión de los poderes personales, de preservarse en el poder. No solamente les pasa a los presidentes en ejercicio, que quieren seguir siendo candidatos; sino expresidentes que pese a haber sido presidentes quieren volver a ser presidentes. Yo creo que se debería introducir la idea de que no haya reelección, que quien fue presidente -siguiendo el mandato de la Constitución- tenga una segunda oportunidad y se acabó. Es decir, los expresidentes deberíamos contribuir al debate, al desarrollo institucional y dejar que surjan nuevos líderes. La alternancia es clave: no solamente para quienes fueron y quieren seguir siendo, sino una alternancia que dé espacio a las nuevas generaciones. 

¿Y no pensó ser candidato? Se mencionó mucho para el MAS.

Sí, recibí una oferta de considerar ser candidato del MAS y mi respuesta fue la que siempre he dado, no solamente en esta oportunidad sino en anteriores: no fui, no soy, ni seré candidato.

Eso no significa mucho en Bolivia, todos dicen lo mismo y al final... 

A las pruebas me remito. Insisto: he sido un servidor público, a mucha honra, de diversos gobiernos. Es lamentable la asociación del servicio público con el partido de turno. Llevo más de 30 años como servidor público, ya estoy a punto de jubilarme, y he servido a diferentes gobiernos, creo que es un privilegio y una verdadera honra.