Medio: La Patria
Fecha de la publicación: martes 24 de abril de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Además, anunciaron que se apelará la resolución judicial, emitida el sábado, para que cumpla sus funciones ediles con normalidad y no se nombre un alcalde interino.
"No hemos recibido ninguna notificación oficial de la resolución judicial que se ha dado con motivo de las medidas cautelares del Alcalde. Queremos reafirmar nuestro compromiso con él, como secretarios acá estamos todos los que acompañamos en la gestión del Alcalde y vamos a seguir firmes trabajando", aseguró el secretario general de municipio cochabambino, Ricardo Pol, en conferencia de prensa.
El sábado, Luis Fernando Pérez, juez cautelar de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, determinó detención domiciliaria para el alcalde Leyes por el caso de la compra irregular de las mochilas escolares, las cuales habrían sido adquiridas con sobreprecio de Bs. 10 millones.
También se lo conminó a pagar una fianza de Bs. 200.000, arraigo y le prohibió acercarse a oficinas ediles y tomar contacto con funcionarios municipales.
Dado que Leyes no podrá acercarse a dependencias de la alcaldía y tampoco cumplir sus labores, la concejala masista que denunció el presunto sobreprecio de las mochilas chinas, Rocío Molina, pidió al concejo designar a un alcalde interino para asegurar la estabilidad de la gestión municipal. El plazo para ello sería 72 horas.
Ante ello, el secretario ejecutivo de la Alcaldía de Cochabamba, Álex Contreras, señaló que durante ese plazo se agotarán los esfuerzos para plantear una apelación en contra de la resolución del juez Pérez, que inhabilita a Leyes en sus funciones en la alcaldía de Cochabamba.
"Tenemos 72 horas de plazo para la elección en el caso supuesto de un alcalde interino, pero también en esas 72 horas se está haciendo la apelación para que al alcalde le otorguen por lo menos su derecho al trabajo", indicó.
El funcionario señaló que con aquella determinación "se coartan los derechos políticos y constitucionales de Leyes", debido a que esta acción es parte de un "complot político del Gobierno" y que ellos responderán de acuerdo a las circunstancias.
"Tenemos que responder políticamente. Aquí la legalidad y la justicia lamentablemente no predominan, sino que responden a los intereses del MAS. En la política hay que caminar con pies de plomo y no nos vamos a apresurar", aseguró.