Y antes de medir pérdidas, vale la pena valorar un activo clave para el trabajo de pacificación. Ese bien es la imparcialidad. El pacificador, cuya misión es convertir enemigos violentos en adversarios electorales, necesita primero convencer de su imparcialidad. No convence con palabras sino con actos, como una institución que garantiza imparcialidad y obliga a los contrincantes a respetar la ley y la paz.  Hay que notar que la paz no se logra por la buena voluntad.

La paz es el resultado del cálculo que hace cada contrincante sobre el costo que le significa continuar las hostilidades. En nuestro caso, el mayor costo social, moral y legal deben tenerlo las agresiones al pacificador y al tribunal electoral. Esa agresiones deben tener un costo alto para que el agresor prefiera abstenerse de perpetrarlas.

En otras palabras, es la imparcialidad del Estado y del Gobierno la que impone un respeto reverencial a las elecciones democráticas.

Luego de las violencias de noviembre, se esperaba que la Presidenta del Estado generara el clima de paz ansiado por toda la población. Esa paz debía tener una aceptación tan unánime en el país, y en el extranjero, que todos los políticos hallaran contraproducente romperla. Esa fue la coraza que la soberanía popular, las instituciones del Estado, el poder electoral y los actores económicos entregaron a la señora Añez.

Si bien esa coraza fue erosionada por algunas muestras desordenadas de parcialidad, el gobierno de la Presidenta transitoria podía todavía fortalecer su imagen de imparcialidad. Algunas acciones emblemáas hubieran bastado, pues la gente deseaba ver en ella una protectora de paz.

Lamentablemente, al precipitarse al ruedo electoral, la señora Áñez perdió para Bolivia las fuerzas que recibió para cumplir su tarea.    

La primera pérdida fue arrastrar al gobierno transitorio a la campaña electoral. Ahora, es inevitable que todos los actos del gobierno lleven el color de la candidatura de Jeanine Áñez.

Antes, cualquiera que se opusiera al Gobierno debía cuidarse de la acusación de atentar contra el proceso de democratización. Ahora, actuar contra el Gobierno se ha tornado un acto mediáticamente aceptable, pues significa mostrarse irrespetuoso con el “caballo del corregidor”, lo que siempre es gratificado por un país levantisco como el nuestro.

Bolivia perdió la intangibilidad de su árbitro electoral. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral puede ser sospechado de parcialidad, y sus decisiones puestas en tela de juicio. Bolivia no tiene un TSE inmune y la Presidenta del Estado no tiene la autoridad moral para defenderlo. Bolivia perdió un factor de paz y los violentos sabrán aprovechar esta pérdida.

Esto es grave pues hemos retornado a una situación similar a la que existía antes de las elecciones del 20 octubre de 2019, cuando el MAS veía difícil imponerse en la primera vuelta y temía perder el balotaje. Por eso, el MAS recurrió al fraude. Este año, podrá recurrir a la calle.

No olvidemos que la estrategia primigenia del MAS es amenazar con violentar la paz social si no controla el poder. El miedo a la violencia populista impulsó al MAS al poder en 2005. En 2020 el terror –con bandera propia o falsa– podrá impulsar a los indecisos al rebaño masista. En estas como en aquellas elecciones, la cantidad y calidad de los candidatos anuncia muchos indecisos…

Una vez más Bolivia no tiene cómo imponer pacíficamente la paz civil. Creyó contar con la imagen de una Presidenta pacificadora, imparcial, situada por encima de las pasiones políticas para imponer un respeto reverencial al proceso electoral. El país y el Estado le confiaron ese deber público a la señora Añez, pero ella “hizo perder” esa figura y los políticos de hoy pueden obtener fáciles beneficios mediante la violencia y varios tienen gente que desea emplearla.