Una vez efectuadas las notificaciones existentes a las agrupaciones políticas y alianzas, estás tendrán hasta el miércoles 12 de febrero para presentar “las enmiendas a las observaciones a las listas de candidaturas”. Y a partir del jueves, hasta el lunes 17 de este mes, el TSE verificará las “causales de inegibilidad de las candidaturas a senadurías y a diputaciones que presentaron enmiendas”.

Seguramente habrá muchos casos observados y muchos de ellos subsanarán esas observaciones. Pero existen unos cuantos cuyo tratamiento y resolución representan una especie de “prueba de fuego” para el actual TSE, conformado luego de la convulsión social resultante de las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019, organizadas y llevadas a cabo bajo la responsabilidad de un Órgano Electoral cuya parcialidad en favor del entonces gobernante MAS fue evidente.

Y son precisamente tres casos de candidaturas de ese partido los que se constituyen, para el TSE, en su primer ejercicio delicado de imparcialidad, institucionalidad y estricto apego a la legalidad. Son las candidaturas de David Choquehuanca a la vicepresidencia del Estado, Evo Morales a la primera senaduría por Cochabamba y Diego Pary al mismo mandato, pero por Potosí.

El TSE deberá decidir si esos ciudadanos están legalmente habilitados para ser candidatos, y deberá hacerlo respecto al requisito constitucional de “haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente”.

Existe una sentencia constitucional que, a decir de algunos, relativizaría el concepto de “residencia permanente”, introduciendo la idea de “intermitencia”. Pero la misma sentencia expresa que “… que, quien quiera ser candidato para un determinado lugar, deberá necesariamente fijar en él su residencia con carácter permanente…”.

Y también establece que el cumplimiento de ese requisito ”… será determinado por el Órgano Electoral…”.

Así, resulta poco comprensible la advertencia del candidato presidencial del MAS que, refiriéndose al TSE le otorga “el beneficio de la duda hasta ver las depuraciones”.