Nadie está a favor de incurrir en revancha, tampoco somos partidarios de los abusos. Todo sospechoso, por más grave que sea la acusación, es merecedor de la presunción de inocencia y se le debe someter al debido proceso, sin menoscabar los derechos humanos ni las garantías constitucionales.

Pero no se debe confundir democracia con impunidad. La nueva administración tiene el deder de restablecer el estado de derecho, pero justamente esa labor requiere investigar los delitos cometidos, aplicar las sanciones correspondientes y reparar los daños cometidos durante 14 años, en los que sí se vulneraron las normas más elementales, donde hubo judicialización de política y se manipularon las leyes al antojo de los gobernantes, para instaurar una hegemonía que hizo del crimen su modus operandi.

Durante años se han denunciado las atrocidades cometidas por el régimen masista. En estos meses hemos podido conocer sólo la punta del iceberg de lo que hicieron con el “caso Rózsa”, el encarcelamiento del médico Jhiery Fernández, el proceso al alcalde de Cochabamba José María Leyes, la persecución de los cocaleros de Los Yungas, sólo por citar algunos de los más dramáticos hechos ocurridos, pues la lista de víctimas de la dictadura es muy larga y todos ellos merecen una justicia que sólo se puede adquirir en democracia.

Los que salen en defensa de Gustavo Torrico, olvidan que este individuo comandaba uno de los grupos más violentos de este país. Se jactaban de operar como una pandilla, con nombre pintoresco y todo. Actuaban como una fuerza de reacción inmediata que se estrellaba con furia con quien se le pusiera en frente. Durante años, ellos fueron los principales hostigadores de la prensa, pues golpeaban a los reporteros en las calles cuando estaban haciendo su trabajo. Se tiene que investigar su participación en episodios que pueden ser considerados como actos de terrorismo de estado e identificar a los cómplices e instigadores.

La gente del MAS o de cualquier otra sigla tienen toda la libertad de hacer política, de salir a las calles en campaña, organizarse y propalar sus ideas. Pero no es admisible que sigan libres todos aquellos que confundieron partido con organización criminal y que pretenden seguir trabajando con plena comodidad para reinstaurar el mismo sistema que provocó tanto dolor en el país.

La gente del MAS o de cualquier otra sigla tienen toda la libertad de hacer política, de salir a las calles en campaña, organizarse y propalar sus ideas. Pero no es admisible que sigan libres todos aquellos que confundieron partido con organización criminal y que pretenden seguir trabajando con plena comodidad para reinstaurar el mismo sistema que provocó tanto dolor en el país.