"De acuerdo a la inspección ocular realizada en la zona central del Tipnis entre el 27 de noviembre al 21 de diciembre de 2017, se evidenció que las comunidades indígenas viven en una situación vulnerable, donde no existen servicios básicos como la salud, educación y desarrollo, es más, las comunidades manifiestan que son amenazadas por el Gobierno Central a través de sus agentes políticos partidarios con violencia de poder político económico, cultural y lingüístico, si se oponen a la construcción de la carretera por el territorio", señala el documento.

Según la Sub Central del Tipnis, similar situación se encontró en la zona alta del río Sécure, donde las comunidades están abandonadas, sin servicios básicos necesarios, pero que contrariamente se tiene la información con documentos, que se ejecutaron proyectos por más de 20 millones de bolivianos para tanques elevados de agua potable, y otros.

"Sin embargo las comunidades informaron que son proyectos fantasmas y discursos engañosos para distraer a las comunidades y acepten la construcción de la carretera, sumándose a esto las amenazas para que acepten la construcción de la carretera; a esto también se suman amenazas psicológicas y físicas a comunarios, maestros, niñas, niños por parte de algunos corregidores en esta zona", señala.

Del mismo modo, la dirigencia del Tipnis denunció que al interior del sistema administrativo de la Gobernación del Beni, existe una instancia descentralizada denominada "Delegación del Tipnis", integrada con representantes ajenos al territorio y que a título de las comunidades indígenas maneja recursos para garantizar las necesidades básicas del Tipnis, pero no socializaron ningún informe de los gastos económicos para el territorio.

"Por otro lado, la presencia del Sernap en el territorio, es solo para exigir a las comunidades la construcción de la carretera, olvidándose de sus funciones y atribuciones en la protección del territorio", señala el pronunciamiento.

Los dirigentes denunciaron el proyecto turístico de la comunidad Asunta y de otras aliadas al Gobierno, que cuentan con mayor ingreso económico y que beneficia sólo a algunas personas, dejando de lado a las comunidades indígenas involucradas que exigen investigación y auditoría sobre el movimiento económico.



ACTIVIDADES 

ILÍCITAS

La Subcentral del Tipnis, también denunció que verificó la entrada de embarcaciones en el río Sécure alto, con 30 a 60 tambores de diésel y gasolina para uso de actividades desconocidas, lo cual preocupa a las comunidades indígenas de esta zona por el desconocimiento de su uso.

"Ante todos estos hechos delictivos y atropello político partidario, denunciamos políticamente a nivel nacional e internacional a Domingo Nogales Morales, Griseldo Semo, Raquel Moye, como funcionarios del MAS y los directos responsables en la entrega oficial del territorio al Gobierno para su destrucción", señala el documento.

A estos dirigentes del MAS, los líderes del Tipnis los sindican de haber negociado su territorio, sus recursos naturales, sus derechos colectivos y poner en peligro la vida humana de todas las comunidades indígenas del parque nacional y territorio indígena.

La dirigencia denunció que la Ley 969 promulgada por Evo Morales, para levantar la intangibilidad del Tipnis, tiene el propósito de destruir las áreas protegidas, dar paso a la ampliación del cultivo de hoja de coca ilegal, el asentamiento ilegal de colonos e implantar un modelo capitalista de extractivismo.

FRENAR LA LLEGADA DEL TRIBUNAL 

La dirigencia del Tipnis, en su pronunciamiento denunció que se pretende concretar un encuentro de corregidores de carácter político partidario, para impedir y frenar la llegada de la comisión del Tribunal Internacional de Derecho a la Madre Naturaleza al Tipnis, con sede en la ciudad de Bonn, Alemania.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, durante su cuarta sesión realizada el mes de marzo, determinó llegar a Bolivia tras escuchar el caso del Tipnis presentado por el presidente de la Subcentral de Pueblos Indígenas del Tipnis, Fabián Gil, y la presidenta de la Organización de Mujeres del Tipnis, Marqueza Teco Moyoviri de Maleca.

Los dirigentes indígenas del Tipnis señalaron que la aprobación de la ley Nº 969, que deroga la intangibilidad del Tipnis y permite la construcción de una carretera que divide en dos su territorio, se trata de una "violación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada en 2010 en Tiquipaya, Bolivia, en particular el derecho a la vida, a existir y el derecho a ser respetado".

En la ocasión, los dirigentes del Tipnis denunciaron que la ley 969 viola la Ley 71 de Bolivia de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada el 21 de diciembre de 2010; en particular el artículo siete referido a los derechos de la Madre Tierra, el artículo octavo sobre las obligaciones del Estado Plurinacional y el artículo 385 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.

"Ante el abuso de poder político, económico, persecución política del Gobierno hacia el Tipnis, mujeres y hombres defenderemos nuestro territorio, nuestra vida, nuestra dignidad, ofrendando nuestra vida exigiendo el respeto de nuestros derechos y nuestra libre determinación, asimismo exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional se investigue la constructora OAS Ltda. en el caso Odebrecht", planteó la Sub Central del Tipnis.