Este diario ha mantenido una posición editorial de denuncia de los hechos de corrupción. En el caso de la compra de mochilas chinas por parte del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, señaló que éste debe esclarecer el hecho, que tiene muchas inconsistencias, desde la manera cómo se hizo la adjudicación, el supuesto sobreprecio de 10,1 millones de bolivianos (1,5 millones de dólares), la conformación de la empresa que haría la dotación sólo cuatro días antes de la licitación, etc. O sea que existen importantes indicios de irregularidades.

Editorial

El alcalde Leyes y una justicia que discrimina

Este diario ha mantenido una posición editorial de denuncia de los hechos de corrupción. En el caso de la compra de mochilas chinas por parte del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, señaló que éste debe esclarecer el hecho, que tiene muchas inconsistencias, desde la manera cómo se hizo la adjudicación, el supuesto sobreprecio de 10,1 millones de bolivianos (1,5 millones de dólares), la conformación de la empresa que haría la dotación sólo cuatro días antes de la licitación, etc. O sea que existen importantes indicios de irregularidades. 

Como atenuante de las acciones de Leyes se debe expresar que el pago a la empresa adjudicataria no se ejecutó y que por lo tanto el daño económico no llegó a producirse.

Por todo ello, la declaratoria de “mártir del 21F”, conferida por Rubén Costas a Leyes sale sobrando.

Es mejor que los correligionarios de Leyes mantengan una prudente distancia al respecto.

Lo que sí llama la atención es la diferencia con la que actúan las autoridades nacionales y los operadores de justicia ante situaciones que afectan al oficialismo. José María Leyes fue aprehendido sólo 17 días después de la primera denuncia sobre el caso, realizada por la concejala masista de Cochabamba, Rocío Molina el 3 de abril. Las sindicaciones contra Leyes estuvieron acompañadas por un masivo ataque generalizado, del que participó incluso el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.

Tras ser aprehendido el viernes 20, y pasar la noche en una celda, el juez Luis Fernando Pérez determinó el sábado 21 que el alcalde sea sancionado con detención domiciliaria, pague una fianza de 200 mil bolivianos, esté arraigado, no tome contacto con funcionarios del municipio y no comente sobre el hecho del que se lo acusa. Por lo tanto, además de dar esa sanción, lo que el juez Pérez hizo fue destituir de facto a Leyes como alcalde.

Hay que recordar que no existe acusación formal contra el alcalde y menos aún se ha iniciado el proceso judicial. Y ya está detenido e imposibilitado de ejercer sus funciones. En palabras sencillas, se ha cambiado el concepto de “presunción de inocencia” por el de “suposición de culpabilidad”.

Aunque para los ciudadanos el mensaje sea que las irregularidades son parte intrínseca del ejercicio de la función pública, hay que enfatizar en el hecho de que las autoridades y los operadores de justicia no muestran la misma indignación ni celeridad ni deseo de esclarecer las decenas de denuncias que afectan al oficialismo. Que el Gobierno usa a la Justicia con fines políticos ha quedado, una vez más, claro, y es de lamentar pues el mensaje no es que no se tolera la corrupción, sino que se la aprovecha o se la relativiza según convenga. 

El mismo viernes en el que Leyes fue aprehendido, integrantes de su partido, Unión Demócrata, difundieron un audio en el que se escucha supuestamente la voz del fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, quien presiona a dos fiscales de materia para que no investiguen el caso de un puente mal construido en la gestión del antecesor de Leyes, el alcalde Edwin Castellanos, del MAS. Vera dice en el audio, en el que intenta manipular a los fiscales Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Pablo Guzmán, que tiene todo “controlado” en el Órgano Judicial. El puente en cuestión, llamado Independencia, colapsó en la ciudad. Su costo fue de 11 millones de bolivianos. En ese caso, sí hubo daño económico al Estado porque el dinero fue efectivamente erogado. Pero Castellanos no fue sancionado; por el contrario transita (en estado de ebriedad algunas veces) con total libertad.

Asimismo, en las últimas semanas se han denunciado graves irregularidades que afectan a autoridades del Gobierno, pero ni el ministro Arce ni los fiscales ni nadie ha movido un dedo.  
Aunque no parece compartir este criterio, la corrupción es un asunto que está dañando la legitimidad de este Gobierno, y lo menos que se debería hacer es apañarla en algunos casos y usarla con fines de persecución política en otros.