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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: martes 24 de abril de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
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En riesgo de extinción
Asedio e impunidad
Una de las novedades más características introducidas por el régimen que nos gobierna desde 2006 es la constancia y la rigurosidad con que asedia los espacios políticos que escapan a su dominio total.
Las gobernaciones y alcaldías “ajenas” sufren un cerco rígido, pesado, continuo, que complica notablemente la capacidad de sus rivales para gobernar las parcelas arrebatadas al monopolio total.
Con la misma inflexibilidad que cerca a sus enemigos, el MAS defiende “sus” municipios con tal fiereza, cual si ello le llevara la vida, sin medir costos, ni acobardarse ante la evidencia de que sus prácticas equivalen a construirle un verdadero y monumental altar a la impunidad.
La ciudad de Chulumani es el último de los municipios donde se repite
el patrón de una intransigente defensa partidaria oficialista, cuando
cunde en la población el descontento ante una administración afecta al
MAS. Antes fue Irupana y también está, claro, Achacachi, donde la
rebelión de los vecinos incendió la pradera, sin hacer retroceder a los
gobernantes que prefirieron ver romperse la unidad de los campesinos,
antes que acceder a que su alcalde sea investigado y juzgado.
En cambio, los principales interpeladores fueron encarcelados casi de
inmediato y el mítico Mallku Quispe se vio forzado a declararse en la
clandestinidad para evadir las razzías policiales, siempre rápidas y
efectivas cuando se trata de los enemigos, cuanto perezosas o
fantasmales cuando se trata de los propios y sus allegados. Y aunque el
poder oficial tuvo que recurrir a su ideólogo y profeta para inventarse
una teoría exclusiva, según la cual los desconentos serían minoritarios
comerciantes pueblerinos frente a los legítimos, empobrecidos y
mayoritarios comunarios, el Alcalde masista no tiene entrada en sus
oficinas, y gobierna a control remoto.
Más próximo, pero en la misma clave. está lo que ocurre en la ciudad de
Cochabamba, donde la participación de funcionarios nacionales, como la
principal de Aduanas y el Viceministro de Justicia, no se esconde como
en Achacachi y la celeridad de los procedimientos ante el representante
opositor contrasta con la languidez con que se investigan las pesadas
evidencias acusatorias que acompañaron la salida del anterior ejecutivo
municipal masista.
La compacta e invariable defensa se acompaña de un asedio que no
retrocede ante la posibilidad de regar sangre y tomar vidas, como
ocurrió en El Alto, donde las investigaciones prolongadas y cansinas no
encuentran culpables, lo que ya por si mismo, y en las circunstancias
históricas vigentes, se aproxima demasiado a una confesión de parte.
Cierto que no caben en la misma categoría, pero despiertan igual indignación, las investigaciones fallidas de las espantosas muertes de Oruro y Huanuni, acompañadas del silencio o excusas de quienes son ultradiligentes en las querellas partidarias.
Lo que pasa en el plano subnacional ocurre también en el del gobierno
central, donde, a menos que un alto funcionario sea descubierto en plena
comisión del delito, la defensa se erige impenetrable para
resguardarlo, confirmando que esta administración ha hecho suya la
máxima dictatorial de que “vale más un gramo de lealtad que una tonelada
de talento”, como salió a relucir en el juicio de responsabilidades
entablado por Marcelo Quiroga Santa Cruz contra el régimen de los siete
años.
Salta a la vista que también en la esfera de la ruda competencia
interna masista, no todas las lealtades pesan lo mismo, ya que
estadísticamente se verifica que la de los varones se aprecia en la
cúpula de mando máximo más que la de las mujeres, definitivamente más
expuestas a caer presas y quedar a la intemperie después de las caídas, a
diferencia de sus colegas masculinos, muchas veces premiados,
promovidos o enrocados.
Es dudoso que el machismo que tiñe la impunidad vaya a ser un elemento
decisivo en el momento en que se despejen todas las incógnitas de cómo
procesa finalmente, la sociedad, la mortal dupla de impunidad-asedio que
se ha implantado como signo distintivo de la época que nos toca
atravesar.
Pero, como fuere que sea el desenlace, es seguro que las cuentas serán exigidas y las preguntas, hoy sin respuestas, tendrán que ser contestadas.
Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo.