Se ha producido una suerte de molestia social por lo que se está denominando “la falta de renunciamiento político”. La convocatoria a la unidad de la oposición, propuesta por el Comité Pro Santa Cruz para hacerle frente al MAS en las elecciones, no produjo el resultado que, ingenuamente, muchos esperaban. Ningún candidato está obligado a hacerlo y sus legítimos derechos políticos, garantizan el respeto a su posición.
Es probable que la preocupación ciudadana, también legítima por el esfuerzo sostenido para vencer la resistencia del MAS, lleve a algunos sectores de la sociedad civil a demandar algo que choca con el ejercicio de la democracia. Se argumenta que no es posible tanta miopía y ambición de los candidatos que no comprenden que, con su actitud mezquina, están poniendo en riesgo el retorno pleno de la democracia y que podría facilitar la reconquista del poder por parte del masismo.

Tienen razón quienes demandan consensos para la unidad y también los que suponen pueden convertirse en portavoces de la soberanía popular dispersando el voto. Si esto es cierto, tendremos que ensayar otros caminos de reflexión que respete ambos derechos. Existen dos premisas que ayudan a ese propósito.
La primera surge de una cuestión que debemos resolver: ¿por qué tendría que existir unidad que haga frente al retorno de Evo Morales? Las razones por las cuales renunció no se han modificado. Cada día nos sorprende una nueva noticia de la corrupción sublime que marcó la gestión masista. A ello sumemos la rabia contra el adversario que fue el modo con el que se relacionaron y que tiene la evidencia en los juicios y persecuciones que se produjeron, llegando hasta la crueldad extrema como es el caso de José María Bakovic.
Sigue el manejo discrecional y el control absoluto de la administración pública, con ausencia de idoneidad y competencia, sumado al descontrol real en la producción de cocaína, garantizada desde la presidencia de las seis federaciones del Chapare, fundamentan la preocupación. Cada una de estas variables es suficiente para que la democracia inicie la defensa de la sociedad, active la justicia y demande responsabilidades.

¿Alguien de la oposición, podría negar la validez de estas situaciones? La respuesta, por supuesto, es no. Sin embargo, no parecen causas suficientes para alcanzar consensos electorales.
En la búsqueda de razones objetivas, encuentro una evidencia empírica que abre una alternativa a esta compleja situación. En realidad, es una construcción de cinco pasos alineados que adquieren una fuerza razonablemente lógica. La victoria del No en el referéndum del 21 de febrero de 2016, la capacidad de movilización responsable durante el incendio de la Chiquitania, la fuerza del voto útil el 20 de octubre, la conducta admirable de la ciudadanía durante los 21 días de la resistencia, y la impensable transición que constituyó gobierno y evitó la violencia que proponía Morales puestos en perspectiva, ofrecen un conjunto de argumentos que superan los entusiasmos electorales de algunos candidatos.

Estas dos premisas, la conducta antidemocrática del MAS, y la madurez de la ciudadanía, ofrecen la posibilidad de una síntesis que una vez más, tendrá que descansar en la responsabilidad de la gente que ya demostró, con suficiencia, que puede hacerse cargo de su futuro.
Aquí, nadie se rinde ni nadie se cansa. Este proceso no tiene otro dueño que una ciudadanía que supo darse la respuesta oportuna y contundente, y que ahora prepara el sexto paso, el más complicado, el que demandará acuerdos por los próximos cinco años, para superar una crisis provocada por la irresponsabilidad y el dispendio masista.
Esto se resolverá, una vez más, con nuestro voto.