Cuando están inscritas las candidaturas para las elecciones del 3 de mayo parece urgente definir los detalles de los debates entre los candidatos, que deberían servir para que los ciudadanos conozcan las propuestas y de esa manera lleguen a definir sus preferencias.

La presidenta Jeanine Áñez fue la primera en hablar de los debates e incluso fue quien propuso que sean obligatorios, pensando precisamente en que ayudarían a la toma de decisiones del electorado, dando a la democracia un rostro moderno y completo.

En las elecciones de octubre pasado no se realizaron debates porque el candidato del partido gobernante dijo que él no participaría, que prefería debatir con el pueblo. Fue una premonición, al parecer, porque a los pocos días los ciudadanos lo pusieron contra la pared con las protestas y le obligaron a renunciar, pero él optó además por escapar precipitadamente.

Esta vez, una Bolivia que se ha deshecho de una dictadura se apresta a practicar una democracia moderna y civilizada, con candidatos que aceptan exponer y defender sus puntos de vista en público y no usan pretextos para negarse a los debates.

Por lo tanto será preciso decidir qué instituciones estarán a cargo de organizar y realizar los debates, fijando reglas claras, como aquellas que se aplican en las confrontaciones públicas de ideas de los candidatos en otros países.

En las elecciones que se realizaron al caer las dictaduras militares, en 1978, 1979 y 1980, y luego en 1985, se realizaron algunos debates, a cargo de la Asociación de Periodistas y luego se añadieron otros, a cargo de organizaciones de empresarios.

Si hay más de un debate, mejor para el electorado. Periodistas y empresarios podrán definir, juntos o por separado, las condiciones de los debates. Los primeros querrán poner énfasis en las libertades democráticas, comenzando por la libertad de expresión, que fue pisoteada por la dictadura del cocalero, y los segundos estarán interesados en conocer las propuestas de política económica después del manejo irresponsable y corrupto del anterior gobierno, bajo la absurda bandera de una “economía mixta, privada estatal y comunitaria”, que resultó en un fracaso rotundo y dio lugar al mayor festín de corrupción que se tenga memoria y ahuyentó las inversiones privadas.

Los empresarios querrán saber si se respetará la propiedad privada, que fue avasallada durante los años del masismo mediante la aplicación de caprichosas medidas como la Función Económica y Social (FES) de la tierra, que fue un instrumento de extorsión puesto en las manos de masistas, mientras avanzaban proyectos para una reforma urbana.

Los candidatos tendrán la oportunidad de definir sus propuestas para estos y otros temas que interesan a la ciudadanía y ayudan al electorado a tomar decisiones.

También querrá saber la ciudadanía si en el futuro algún partido se propondrá llegar al control abusivo de las instituciones del país, como hizo el MAS, sin respetar a las Fuerzas Armadas, la Policía, las empresas estatales e incluso las instituciones de profesionales.

Los ciudadanos esperan que estas elecciones sellen y consoliden las condiciones de la nueva democracia, la que resurja del atropello cometido por el anterior gobierno, y de latrocinio. En los debates se podrá advertir las tendencias que favorezcan a este proyecto de salvación nacional.