La denuncia se basa en el numeral 4 del artículo 8 del Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados, el cual califica de falta grave el "discriminar, presionar o denigrar a una Diputada o Diputado", para anular o menoscabar el ejercicio de derechos y libertades.

Según la diputada, se vio obligada a aprobar la Ley de Garantías después de recibir un video de Brito en el que el hermano de Víctor Borda, se encontraba postrado en la cama mientras relata que fue agredido y su casa fue quemada durante los conflictos de noviembre del año pasado.

Asimismo, el video fue acompañado con un mensaje que amenazaba a la diputada indicando que le pasaría lo mismo si se negaba a aprobar la Ley de Garantías.

Aparte de las amenazas, la diputada también denuncio ser víctima de amedrentamientos debido a que su esposo es policía.

De encontrarse culpables a Brito y Quiroga, la sanción por la falta grave es la separación temporal de la Cámara de Diputados de tres a seis meses, sin derecho a percibir remuneración alguna.

La denuncia fue presentada en diciembre, cuando se discutía la Ley de Garantías. Vargas observó la norma porque rechazaba dejar en impunidad a exfuncionarios que se aprovecharon de la situación.

Sin embargo, Brito negó haber presionado a Vargas y afirmó que en el MAS podían haber diferencias, pero no división.