Se recomienda realizar un censo cada 10 años. Por tanto, en 2022 debiera impulsarse este operativo nacional, que demanda no solo un gran presupuesto, sino particularmente la participación de todos los bolivianos, para conocer las condiciones de vida en el país. La finalidad última de un censo es producir información para la agenda de desarrollo (algo crucial que se debe trabajar desde el inicio de la campaña), y no para distribuir recursos financieros, cuyos criterios pueden variar de un año a otro. Por ejemplo, con datos del Censo de 2001 los recursos se distribuyeron según el mapa de la pobreza; y en 2012, por el tamaño poblacional. Durante aquel operativo la prensa alertó que algunos líderes de comunidades rurales, principalmente expulsoras de población, obligaron a retornar a los comunarios que vivían en las ciudades para aumentar artificialmente el número poblacional. Pues una mayor población implicaba más recursos para obras y programas prioritarios.

El censo tiene una direccionalidad política, porque debe contribuir a generar una suerte de línea base para enfrentar el modelo de desarrollo, suministrando indicadores de partida para el necesario seguimiento. Esto no significa forzar realidades con intencionalidades ideológicas. Por ejemplo en 2012 se apuntó a evidenciar que Bolivia es un país predominantemente indígena con la introducción de determinadas preguntas. Pues demostrar esta situación implicaba que lo indígena, originario y campesino debía ser de alta prioridad para la discursividad y la retórica, símbolo del Gobierno. Así, los resultados del censo estaban estructuralmente impedidos para mostrar la pluralidad, especificidad y diferencias existentes entre todos los bolivianos, sus culturas e identidades. Por ejemplo, en esta materia las únicas respuestas posibles eran sobre la pertenencia a una nación o un pueblo indígena entre 40 alternativas (afroboliviano, araona, aymara, ayoreo, etc.). Y quienes no pertenecemos a ningún pueblo indígena quedamos excluidos por el tipo de pregunta.

En suma, los programas y plataformas políticas de cara a las elecciones de mayo deberían incorporar la planificación de un censo moderno, tecnológico, rigurosamente técnico; que incluya la necesaria encuesta de omisión censal. Este estudio debe producir información oportuna, confiable y técnica para la agenda de desarrollo, de cara al modelo de país que se quiere alcanzar. Para ello, se deben integrar preguntas que permitan medir el alcance de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como los avances del país respecto al Consenso de Montevideo suscrito por el Estado.

El desarrollo boliviano es más que un plan. Requiere de datos e indicadores para conocer las condiciones de vida de los bolivianos, los logros alcanzados y a la vez los desafíos que se deben enfrentar atendiendo las brechas de desigualdad en las oportunidades del desarrollo. De esta manera, el censo se convierte en un instrumento para determinar las necesidades y requerimientos de la población, en la medida en que se pueda desagregar a escalas no solo municipales, sino incluso a nivel de las comunidades, barrios, manzanos, etc.

Urge, pues, que el Gobierno y el INE inicien los procesos preparatorios para que el censo de 2022 sea absolutamente confiable, y no tengamos ninguna duda de la veracidad de la información recabada, como ocurrió con el censo fallido de 2012.