Precisamente, uno de los delitos más graves que perpetró el régimen por orden suya, lo constituye el terrorismo de estado que aplicó durante once años en el marco del  caso Rózsa, cuyo punto de partida fue el atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas y la masacre del hotel Las Américas, ejecutada por una orden expresa de Evo Morales, tal como él mismo lo admitió públicamente.

Este 4 de enero, un juez que venía periódicamente desde La Paz, violando los principios del debido proceso, decidió cerrar el caso que llevaba delante de manera ilegal contra alrededor de 40 acusados, a los que declaró absueltos y quienes durante 11 fueron literalmente torturados para obligarlos a declararse culpables de un crimen que no cometieron.

Todo fue producto de un montaje destinado a descabezar a la oposición, criminalizar a los líderes autonomistas, arrodillar a Santa Cruz y mantener latente un sistema de persecución en el que participaron la Policía, el Ejército, el Ministerio de Gobierno, los tribunales de justicia, la Fiscalía y obviamente, altos operadores que actuaban desde el Palacio presidencial. Todos ellos, desde el ex mandatario, hasta el último colaborador de esta patraña, deben ser enjuiciados y sentenciados y solo de esa manera podremos ponerle punto final a la “justicia maldita” (Gary Pardo dixit) que todavía sigue operando en nuestro país.

Ha sido importante la lucha de numerosos líderes por la recuperación de la democracia que hizo huir al tirano; el esfuerzo de la ciudadanía ha sido vital, pero nada se compara al calvario que sufrieron quienes tuvieron que soportar la cárcel, el exilio, la traición y muchas veces la indiferencia de la propia gente que decía estar con el estado de derecho, con la libertad  y la restauración de las garantías constitucionales. Ellos jamás se rindieron y han conseguido la victoria más dolorosa, la más valiente y la más difícil de conseguir, pues todos los verdugos están sueltos, tratan de disfrazarse y buscan cómo mantener y/o recuperar su poder.

Mientras dejemos en pie un gramo de impunidad y permitamos que prevalezca la injusticia, seremos cómplices de abrirle nuevamente las puertas a la dictadura que no dejará de acecharnos. Justamente lo hace, porque hay quienes no están convencidos de que el camino de la democracia es el mejor para Bolivia.

El peso de la ley debe caer sobre todos los enemigos que pusieron al país a merced del crimen organizado.

Mientras dejemos en pie un gramo de impunidad y permitamos que prevalezca la injusticia, seremos cómplices de abrirle nuevamente las puertas a la dictadura que no dejará de acecharnos