Luego de la crisis interna provocada por su pronosticada participación en las elecciones generales de mayo, la hoy Presidenta-candidata posesionó a su equipo de ministros con tres cambios poco significativos. Lo primero que hicieron algunas de estas autoridades es justificar la candidatura de Áñez. En realidad, el mismo acto de posesión del gabinete, en su puesta en escena y mensajes, fue un evento político-electoral. Parece claro que, en el día a día, la gestión se fusionará con la campaña.  Si bien en su mensaje de aquel día y otros posteriores, la Mandataria insistió en que el Gobierno a su cargo, que desde el viernes 24 de enero dejó de ser transitorio, tendrá cuidado en separar los actos de gestión respecto al proselitismo electoral, la sola dualidad de funciones de ella y sus ministros es problemática. La deplorable experiencia de su antecesor, el candidato-presidente Evo Morales, demuestra la dificultad de observar esa delgada línea. Y no es algo que vaya a resolverse por decreto.

A reserva del empeño que ponga el gabinete en no mezclar ni contaminar la administración gubernamental con la campaña de su candidata y su organización política, es claro que en la percepción ciudadana todo acto de gestión, entrega de obras, política pública, uso de medios de comunicación (ni hablemos de la persecución política) será percibido como instrumental a sus fines electorales. En la propia gestión es inevitable que prevalezca la lógica de reproducción del poder en lugar del interés general.

En su descargo, reafirmando que será presidenta y candidata al mismo tiempo, Áñez asegura que hará campaña “en horarios que no son de trabajo”. Lo propio anunciaron los ministros. Claro que la cuestión va más allá de los horarios (¿a las 18.30 Áñez deja de ser presidenta?; ¿los fines de semana, con ella y los suyos en campaña electoral, habrá vacío de poder?). El asunto tiene que ver con la investidura y con el uso de bienes y recursos públicos. Es parte del malogrado debate sobre la reelección.

Más allá del uso del aparato estatal para fines particulares (ganar una elección), diversas voces del campo político, incluso sus aliados, cuestionaron la decisión de la Presidenta no solo por faltar a su palabra (tema ético), sino en especial porque compromete el difícil y aún frágil proceso de pacificación, y debilita la legitimidad del organismo electoral. Algunos van más lejos y señalan que la criticada candidatura presidencial convalida la tesis de que en noviembre hubo un golpe de Estado en Bolivia.