Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 05 de febrero de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Por eso es imperante que en Bolivia se haga un cambio estructural profundo a través de la democracia con participación ciudadana directa que garantice al ciudadano su control e imparcialidad, que lamentablemente por los intereses personales y partidarios, los políticos en nuestro país no están interesados en implementar.
Es por esta razón que nosotros, los bolivianos, exigimos, sobre todo, unidad en la oposición a la dictadura del MAS para presentar un frente único en las próximas elecciones. Para ello primero, deberíamos tomar la oportunidad que nos ofrece el Comité Cívico Cruceño auspiciando la reunión “Por la Unidad” con el encuentro de los principales candidatos (para el sábado 1 de enero, un día antes del que el TSE empiece el registro de candidaturas). Esta es la única oportunidad que tenemos para hacerlos entrar en razón. Pretender que haya primarias a esta altura del partido es muy difícil por los plazos y presupuestos que no cuenta el TSE. Ojalá se sume también Jeanine Añez
Lo más razonable que se puede hacer, es pedirles que se pongan de acuerdo en elegir a las diversas empresas de encuestas confiables e imparciales, para obtener la media ponderada de dichas encuestas y así elegir a los 2 candidatos a más votados para los cargos de Presidencia y Vicepresidencia respectivamente. Los curules en el parlamento se deberían repartir entre los distintos partidos/Alianzas proporcionalmente de acuerdo a los votos/preferencias obtenidas en tales encuestas.
Garantes para este proceso se convertirían los propios ciudadanos, quienes solo votaríamos por los candidatos (VOTO ÚTIL) así elegidos e ignoraremos con nuestro voto castigo aquellos políticos y partidos que se hayan negado de participar en dicho acuerdo, para que de esta forma pierdan su personería jurídica y paguen la correspondiente multa impuesta por la Ley Electoral, quedando una mancha histórica con ellos que les daría prácticamente la muerte civil (políticamente hablando).
Segundo, este acuerdo debería estar basado en un programa de gobierno que nos garantice el verdadero cambio que todos pedimos para combatir la corrupción y el abuso del poder, y que nos permita prever un mejor futuro con crecimiento económico para reducir la pobreza con paz, justicia y trabajo e igualdad de oportunidades para todos.
Este programa u oferta política debería devolver el control al ciudadano a través de la participación de sus asociaciones civiles organizadas (comités cívicos, confederaciones de empresarios privados, sindicatos, colegios profesionales y otras asociaciones sociales, culturales y deportivas) en la formación de diferentes consejos ciudadanos en las áreas de: Justicia para ejercer el control sobre la elección de todo el aparato judicial (jueces y fiscales), que garantice la independencia y calidad de la justicia.
Democracia y derechos humanos para ejercer el control sobre la elección del Tribunal Constitucional, Corte Nacional Electoral y Defensor del Pueblo que garantice el voto popular, los derechos humanos y el respeto a la Carta Magna.
Educación y salud para participar y controlar la gestión de toda la política de educación y salud en el país.
Desarrollo económico y social, para ejercer la supervisión y participación en la gestión del gasto público, licitaciones y contrataciones de carácter público a nivel nacional, departamental y municipal.
Seguridad nacional, para participar en la elección de ascenso/destitución de altos oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Manejo y conservación de los recursos humanos y medioambiente para participar y controlar en el manejo y conservación de los recursos naturales en todo el territorio nacional.
Esto se puede hacer a través de una enmienda a la Constitución Política del Estado que introduzca un cuarto poder del Estado: el ciudadano, como el eje central de participación y control de la democracia, acompañada de dos normas: la ley de empoderamiento comunitario y la de ley de democracia con participación ciudadana a nivel nacional, departamental y municipal.



