Falta una semana para que se cumplan tres meses de la salida de Evo Morales del poder, pero la decidida ofensiva policial – judicial – y militar en algunos momentos – se ha ocupado de poner tierra de por medio y recordar que estamos en un nuevo régimen, con todo lo que eso supone.

En noviembre, la violencia no cuajó. Hubo escenas dantescas, hubo muchas arengas – “ahora sí, guerra civil”- y hubo dos carnicerías – Senkata y Sacaba – que de ninguna manera pueden quedar impunes, pero no hubo un levantamiento generalizado ni para proteger a Morales primero ni para rechazar a Áñez después. El propio Morales recordó en entrevista con este diario que ni la COB declaró huelga indefinida ni los campesinos bloquearon caminos. Ayudó en esa reacción las mañas adquiridas durante catorce años de prebenda, pero también un desproporcionado operativo militar con decreto de exención de responsabilidad incluido.

En aquellos momentos, el Fiscal General Juan Lanchipa, funcionario público elegido para el cargo por los dos tercios del Movimiento Al Socialismo y al que no se puede remover del cargo salvo renuncia o juicio de responsabilidades en la propia Asamblea, ya se había convertido en un prolijo administrador de nuevas causas. Los casos gruesos se armaron con velocidad para no entrar en los asuntos investigativos. Era “ganar o morir”, decían algunos.

La Constitución y sus derechos contemplados son los que deben guiar este momento, y todos deben cumplirlos escrupulosamente.

Después vino otra fase, que curiosamente coincidió con el debate interno sobre la conveniencia o no de lanzar a la Presidenta Jeanine Áñez como candidata, en la que se multiplicaron las detenciones de exfuncionarios, aunque ninguno de alta relevancia: desde tuiteros hasta empleadas del hogar fueron imputados por diferentes causas generando reacciones de todo tipo, pero también en el plano internacional.

Como no pasó nada, parece que la situación ha subido otro escalón, peor en estos tiempos en los que es difícil pedir ninguna explicación y las campañas ya están desatadas. Parece absurdo que alguien en el exilio mande como apoderado a alguien en busca y captura a hacer trámites a Bolivia, pero así es lo que se supone ha pasado con Patricia Hermosa, ex jefa de gabinete de Evo y su abogada, que llegó al país con sus documentos y se topó con una orden de aprehensión primero y una remisión a la cárcel de Obrajes después. Por el medio, y como quien no quiere la cosa, dos ex altos cargos con un salvoconducto en el bolsillo fueron detenidos el sábado y llevados a carceletas policiales, para después ser liberados.

La escalada de tensión sin reacción puede acabar de formas preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no se ha anunciado el retorno de los militares a los cuarteles ni la interrupción de las operaciones conjuntas con la Policía, aunque no se los vea en las calles.

Quedan tres meses para una resolución democrática del conflicto político en el que los abusos y ambiciones de unos metieron al país. Sin duda no conviene atizar el fuego: La Constitución y sus derechos contemplados son los que deben guiar este momento, y todos deben cumplirlos escrupulosamente.