Como en casi todos los documentos que las Naciones Unidas produce y difunde, el lenguaje empleado ha sido cuidadosamente elegido para no sobresaltar ni irritar al Estado boliviano ni a los agentes políticos, a quienes va dirigido el mensaje. Se trata a la vez de una invocación a respetar los canales por los que discurre la vida democrática, y una reafirmación del compromiso del organismo multilateral de seguir apoyando al país.

La declaración inicia señalando que Bolivia vive un clima político “caracterizado por una exacerbada polarización y sentimientos encontrados de esperanza, pero también de incertidumbre, inquietud y resentimiento”, y advierte que comienza una etapa decisiva para la consolidación de la paz en Bolivia y que, para que ello se concrete, se debe garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales “a elegir y ser elegidos con plena libertad, sin atropellos, intimidación o discriminación de ningún tipo”.

Luego solicita que “surja un llamado unánime a debatir pacífica y democráticamente; y a desistir de toda acción que viole el derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión, de asociación, de opinión y de circulación”. Tarea que corresponde “a las autoridades, instituciones, candidatos y candidatas, partidos y alianzas políticas de todas las tendencias, movimientos sociales y cívicos, medios de comunicación y ciudadanía en general”.

Asimismo, insta a “proscribir los discursos de odio y la incitación directa o indirecta a la violencia o la discriminación, porque este tipo de mensajes “perjudicarán a más largo plazo la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad democrática del país”.

Finalmente, compromete a nombre de la ONU asistencia técnica para el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales; monitoreo del respeto a los derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales, haciendo votos para “que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales”. Y apoyo en la “identificación, alerta temprana, monitoreo y seguimiento específico de denuncias de acoso político y electoral o violencia contra las mujeres”.

Se trata, pues, de una potente invocación, particularmente dirigida a quienes hoy detentan el poder, formal o fáctico, para que se abstengan de seguir dañando el cauce democrático y las instituciones que lo hacen posible, y se aseguren de que las elecciones de mayo conduzcan a un gobierno legítimo, capaz de resolver los muchos problemas que hoy afectan al país.