Morales solicitó una medida cautelar a la CIDH, a través de su abogado  de Argentina Gustavo Ferreyra. En la  solicitud también  se denuncia la detención de la  apoderada del líder del MAS, Patricia  Hermosa,  y el secuestro de  documentos.   

“En el escrito de presentación se exige que Bolivia cumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos y garantice la oficialización de la candidatura de Morales al cargo de asambleísta para las elecciones del próximo 3 de mayo de 2020 y la totalidad de pasos decididos para la campaña electoral”, se lee en la solicitud enviada a la CIDH desde Argentina.

Por su parte,  Jean Arnault,  enviado personal del secretario general de la ONU,  señaló que luego de la grave crisis política y social que se suscitó en Bolivia en 2019, el clima político está caracterizado por una exacerbada polarización y por sentimientos encontrados de esperanza, incertidumbre, inquietud y resentimiento. Indicó que corresponde proscribir los discursos de odio e  incitación a la violencia o a la discriminación.

En el comunicado se informa que la ONU   realizará un monitoreo del respeto a los derechos humanos, en particular en relación con el ejercicio de los derechos políticos,  con atención especial al respeto y garantías del debido proceso. “En un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales”, se lee en ese texto.

Legisladores del MAS adelantaron que se recurrirá ante la CIDH y otros organismos de Derechos Humanos para denunciar la detención de la apoderada de  Morales, Patricia Hermosa, el arresto del exministro César Navarro y del exviceministro  Pedro Dorado,  además del supuesto secuestro y la supuesta pérdida de la documentación de Morales.   “Estos casos ya se están documentando no sólo ante la CIDH, sino ante varios organismos de derechos humanos. Pediremos la presencia de relatores especiales sobre distintos temas para que in situ en Bolivia puedan verificar cómo se vulneran los derechos humanos”, señaló la diputada  Sonia Brito, del MAS.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, señaló que se espera que las comisiones correspondientes activen la fiscalización a  las autoridades que no garantizaron el cumplimiento de los salvoconductos de Navarro y Dorado. 

 El diputado Franklin Flores aseguró  que hay  “una persecución política  flagrante”.