El voto nulo

Sin duda, en el sistema democrático el voto nulo, siendo una legítima opción de la ciudadanía, es un síntoma de que su funcionamiento no es el adecuado. Peor, cuando ese voto nulo cobra una dimensión tal que, junto a otra opción como el voto en blanco, supera a los votos por los candidatos en competencia.

Esto es lo que sucedió en las elecciones judiciales de diciembre de 2011, porque la forma manipulada en que el Gobierno y el MAS condujeron la selección de los postulantes al Órgano Judicial Plurinacional (OJP) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue tan grosera que la población optó mayoritariamente por el voto en blanco o anuló su voto. Pese a esa clara señal, el oficialismo decidió validar el resultado de esas elecciones, decisión errada dados los desastrosos resultados, pues esas entidades se encuentran corroídas por la incompetencia y la corrupción, como pocas veces en su historia.

Pese a esa experiencia y a las exhortaciones y reflexiones que desde diversos ámbitos de la sociedad se han hecho, las autoridades y dirigentes del MAS han repetido similar historia y están candidateando ciudadanos, hombres y mujeres, que lamentablemente tienen, sea o no cierto, el estigma de ser adherentes del partido de gobierno o del procesos político que éste conduce.

De ahí que nuevamente la consigna de anular el voto se está generalizando. Y no se trata, como con absoluto desprecio a la inteligencia ciudadana han dicho algunas autoridades como el Vicepresidente del Estado y el Ministro de Justicia, de que quien opta por esa opción o es antidemocrático o quiere que se mantenga el actual estado de crisis del OJP y el TCP. Quienes en verdad han conducido a que esa opción crezca son ellas mismas al proceder como lo han hecho.

La ciudadanía tiene, pues, el derecho de elegir con su voto a algunos de los candidatos que tercian en estas polémicas elecciones, como también de votar en blanco o anular su voto. Lo que no puede, porque está legalmente prohibido, es abstenerse de votar, pues se trata de un derecho y una obligación constitucionalmente consagrados.

Desde otro enfoque, hay que insistir en que obsesionados por prorrogarse a como dé lugar en el ejercicio del poder y hacerlo en forma progresivamente hegemónica, las autoridades han perdido una nueva oportunidad para aportar a un genuino proceso de reforma del OJP y el TCP, tarea que más temprano que tarde deberá ser encarada si se quiere garantizar la pacífica convivencia social, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos ciudadanos frente al avasallamiento del poder.