Es otras palabras, en la mayoría de los municipios del país la información no es un bien público; y la libertad de expresión no garantiza el gobierno de los gobernados sobre los gobernantes. 

Esta práctica de ocultar información es antidemocrática por la siguiente razón:  la información genera libertad de expresión (opinión) y esta resulta necesaria para un buen gobierno. Sin información, los gobernados difícilmente podrán fiscalizar a los gobernantes. En consecuencia, la gestión municipal no será transparente y la democracia es por antonomasia transparencia. 

La libertad de expresión es un bien público democrático porque democracia es también participación social. Justo por este razonamiento, y aunque usted no lo crea, los diferentes sistemas de gobierno, incluso los monárquicos como el Imperio quechua, tenían espacios de información y libertad de expresión. Uno de ellos: el RimayPampa (espacio de discusión), donde los habitantes incas se informaban y conversaban sobre temas de interés común.  

Mucho más antes, a comienzos del siglo VII, el príncipe budista japonés Shotoku (según Amartya Sen) publicó la llamada “Constitución de los diecisiete artículos”. Uno de esos artículos decía: “Las decisiones sobre asuntos importantes no deben ser tomadas por una sola persona. Deben ser discutidas por muchas personas”. Como verá, la participación colectiva en las decisiones públicas ya era parte de diferentes culturas. 

Mucho más antes aún, allá por el siglo V a. C., alrededor de 6.000  atenienses se congregaban en las laderas del Pnyx, donde el heraldo preguntaba: ¿Quién desea dirigirse a la asamblea? Cualquier hombre libre podía hablar, proponer y argumentar sobre un tema común. Las decisiones y directrices eran producto de un debate y una votación final. Los griegos llamaron a esta forma de gobierno: democracia. 

Sobre este razonamiento, las democracias modernas, basadas en el imperio de la ley, reconocieron la libertad de expresión y el derecho a la información para transformar la voz del ciudadano en voto. En la Constitución boliviana hay una media docena de artículos que garantizan ambos derechos. El artículo específico que obliga a los gobernantes, entre ellos a los alcaldes, a brindar información es el 242.4: “La participación y el Control Social implica: generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna”.

En consecuencia, la información es también necesaria para vigilar y controlar lo que hace un gobierno; por tanto, para evitar la corrupción. 

Basado en estos principios, sugiero al gobierno transitorio de Jeanine Añez la aplicación inmediata del Decreto Supremo 0214 del 22 de julio de 2009 (Política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción). Particularmente, el artículo referido al uso de internet y tecnologías de información y comunicación que señala: Con el fin de llegar a la sociedad se instruirá a todos los servidores públicos “disponer su información en sus respectivas páginas web institucionales”.   

En tal sentido, cada Alcaldía debe tener, primero, su página web y en ella difundir el presupuesto anual, obras, costos, contratos, empresas contratadas, nombres de los dueños de las empresas, pagos, planillas de sueldos y toda la información necesaria para facilitar el buen gobierno. Algo más, los funcionarios deben difundir esta información a través de las redes sociales en diferentes formatos (infografías, videos, notas de prensa y  productos multimedia) para que llegue a la mayor cantidad de ciudadanos. 

Propongo a la ciudadanía solicitar a alcaldes y concejales cumplir con las disposiciones legales para que la democracia sea transparencia, participación y vigilancia para evitar que las alcaldías sean antros de corrupción y de enriquecimiento ilícito de funcionarios que cometen todo tipo de latrocinios. 

Entonces, los ojos públicos de Yanacachi, Achacachi, Entre Ríos, Pocoata y otros municipios garantizarán el bienestar de sus habitantes porque las decisiones sobre los asuntos importantes serán discutidas y tomadas por muchas personas en beneficio propio.