"Ante los lamentables hechos que vulneran los derechos fundamentales, así como los convenios y tratados internacionales, la Bancada del MAS-IPSP de la Cámara de Senadores repudia y rechaza el accionar de la Policía Boliviana y del Ministerio Público por la detención arbitraria del exministro César Navarro y del exviceministro Pedro Dorado, quienes fueron detenidos la madrugada del 1 de febrero en el aeropuerto de El Alto a pesar de que tenían oficializado un salvoconducto expedido por la Cancillería boliviana", se lee en el comunicado.

Asimismo señalaron que el hecho demuestra "una clara persecución contra  bolivianos y bolivianas que no tienen mayor delito que su ideología política".

En ese sentido exhortaron a las diversas instancias del Estado a respetar la Constitución Política del Estado (CPE), a no vulnerar los derechos humanos, a generar un debido proceso, a no vulnerar los tratados y convenios internacionales, y a generar condiciones para los bolivianos respetando los derechos humanos de todas las personas.

"Ponemos en conocimiento ante la comunidad internacional la vulneración de derechos fundamentales de Cesar Navarro, Patricia Hermosa y Pedro Dorado", indicaron y anunciaron que la Bancada del MAS en la Asamblea Legislativa "hará cumplir" las atribuciones determinadas en la CPE en protección a los "derechos vulnerados" y en base a la facultad fiscalizadora que tiene esta instancia.

Por su parte la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el hecho, por una "evidente transgresión" del artículo 6 del Tratado sobre Asilo de Montevideo de 1939 y del artículo XI de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, así como los usos y costumbres a la luz de la Convención de Ginebra.

La instancia pidió que se establezcan responsabilidades en los ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores, Comando General de la Policía Boliviana y en la Fiscalía General del Estado, a fin de "establecer responsabilidad funcionaria por la vulneración de derechos de los citados ciudadanos".

"Asimismo, bajo las garantías constitucionales que rige la materia, la Defensoría del Pueblo sugiere a la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda activar sus mecanismos de fiscalización a los órganos de poder que participaron a través de sus servidores públicos, en el operativo aparatado del marco legal", concluyó.