Lo ocurrido durante 2018 y 2019, con miras a las elecciones del 20 de octubre 2019, es una desgraciada manera de accionar y manipular el voto mediante datos falsos, ubicando en primeros lugares de «las encuestas prefabricadas» a quienes –como candidatos-, les pagaron, les dieron dádivas suculentas.

El Servicio de Impuestos Nacionales debe hacer conocer a la opinión pública qué medidas de fiscalización se adoptó en contra de las mismas cual determina el Código Tributario, dado que las elecciones fueron calificadas de dolosas, fraudulentas, por las dos comisiones que arribaron a nuestro territorio de la Organización de Estados Americanos (OEA), para verificar las instancias en las que se desenvolvió el acto electoral.

El Gobierno de transición expresó que se llevará a efecto las elecciones del 3 de mayo 2020 dentro del marco de la transparencia, corrección y sobre todo honestidad, respetando el voto de cada ciudadano(a). Lo grave del caso es que ya comenzaron a presentarse «encuestas» por las mismas «encuestadoras» que engañaron con su accionar a quienes les pagaron, el pueblo se dio cuenta de los artificios y voto en conciencia por los contrarios al exdictador Evo Morales.

Para que no se haga nuevamente fórmulas mercantilistas en etapas electorales, es preciso, necesario, que los gerentes de las empresas que presentaron «encuestas amañadas» durante la anterior elección, den a conocer ante el SIN cuánto fue el ingreso de dinero que captaron por su «trabajo de encuestadoras» y si cancelaron los impuestos como agentes de retención del IT e IVA.

Los bolivianos que salieron a las calles a defender el sistema democrático, están recelosos que las mismas empresas «encuestadores» que provocaron luto, sangre y dolor, en Bolivia, por sus imprecisiones y mala fe para influenciar en la psiquis de los votantes, retornen a su atentatorio proceder, exigen se adopte las precauciones necesarias para que ello no ocurra.

Volverán «las pititas» no solo para apoyar a sus candidatos en la etapa preelectoral sino para quizá ajusticiar a los denominados «encuestadores», ¡ya basta de tanta infamia en contra del voto del soberano!, es hora de frenar los impulsos económicos de quienes solo piensan en hacerse nuevos ricos a costa de la credulidad de los bolivianos.

El Tribunal Supremo Electoral debe hacer conocer al pueblo boliviano qué empresas estarán habilitadas para efectuar encuestas, previa fiscalización de que existen como empresas societarias y no sean ficticias o razón social ficticia.

Una de las funciones principales del TSE es la de fiscalizar todos los actos de quienes resultan actores de los procesos electorales.

Estamos a tiempo para que las «pititas» no se vuelquen en contra de los «encuestadores malintencionados».