El último ejemplo latinoamericano y mundial es precisamente el de Evo Morales, que llegó al poder en 2006 montado en la ola de la refundación del país y que se concretó en la Constitución Política de 2009. Allí se sentaron las bases del ordenamiento actual: una sola reelección sin renuncia del Presidente; sí de todas las demás autoridades. Todas.

Morales, en pro de la pacificación, aceptó solo presentarse una vez más a partir de2009, aunque luego recurrió al subordinado Tribunal Constitucional para que en 2014 ya le permitiera saltarse esa disposición transitoria y volverse a presentar. Entonces, con el país creciendo como nunca en su historia y Morales ejerciendo el poder, nadie se entretuvo siquiera en cuestionarlo salvo algún que otro medio independiente, como este.

Morales ganó ampliamente esas elecciones; todo lo contrario de lo que sucedió en el referéndum de 2016, cuando más de la mitad de la población entendió que era peligroso perpetuarse en el poder, y muy diferente a lo que pasó en octubre y noviembre de 2019, cuando los votantes no toleraron ni la mínima sospecha de fraude.

Por herencia, formación, o por lo que sea, la tolerancia al abuso de poder es grande en este rincón del globo, pero cuando se sobrepasa el límite, la reacción es furibunda, como también puede dar fe Gonzalo Sánchez de Lozada, solo por citar hechos de este siglo.

Todos abusan del poder en pro de su reelección: Macri contuvo subidas de impuestos y otras medidas; Pedro Sánchez subió el salario mínimo en España a 900 euros; Trump manda a bombardear iraníes, pero la población lo penaliza

La limitación de mandatos es una garantía de oxigenación, pero no deja de ser una prohibición más. Y no deja de ser curioso que se limite a quien goza del apoyo popular y no a aquellos que candidatean sin éxito desde hace décadas.

De otro costal es también el clamor sobre las renuncias previas, una situación que puede crear vacíos en algunas instituciones como las legislativas – titulares y suplentes tienen derecho a ser candidatos – y que se extiende a los ejecutivos, dejando así el poder en manos de alguien no votado, con los riesgos que eso supone para el erario público.

En el entorno hay todo tipo de ejemplos, los que tienen reelección indefinida, como Alemania o España; los que la tienen discontinua, como Chile; los que solo pueden gobernar una vez, como México; o los que se limitan a dos mandatos, como Estados Unidos. Ninguno contempla esa posibilidad de la renuncia del Presidente para habilitarse de nuevo, y ninguno, obviamente, tiene regulado el horario laboral de la Presidencia.

Todos abusan del poder en pro de su reelección: Macri contuvo subidas de impuestos y otras medidas; Pedro Sánchez subió el salario mínimo en España a 900 euros; Trump manda a bombardear iraníes. En ninguno de esos países la Justicia es mucho más independiente que en Bolivia, aunque tal vez ejerzan con algo más de pudor.

La clave es siempre la madurez democrática; el abuso pasa a ser algo castigado electoralmente y no al contrario, y en cualquier caso, la reelección desde la Presidencia es algo ganado en la anterior elección, un asunto que choca con el mandato de la Presidenta Áñez.

No será con un decreto que regule estas prácticas el que podrá acabar con ellas, sino la honradez de los políticos y sobre todo, el buen criterio de los votantes. Ese debe ser el objetivo fundamental.