1) El abandono del poder del expresidente Evo Morales y las sucesivas renuncias de la línea masista de sucesión que pretendían abonar un caos capaz de revertir la protesta a favor del retorno del evismo;  2) la necesidad de contar con un sucesor urgente para mitigar el vacío de poder y 3) la demanda  de restituir el orden democrático, convocando en lo inmediato a la reestructuración del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y a elecciones generales. 

Conjuntamente, está claro que la señora Presidenta se encontraba accidentalmente en la línea de sucesión e incluso fuera de las consideraciones de su propio partido (etiquetado entonces de “Bolivia Dice No”), de manera tal que de no haber mediado la sucesión habría quedado, por lo menos en los próximos cinco años, fuera de la representación parlamentaria y de la política nacional.

Ciertamente, las primeras señales del nuevo gobierno estuvieron signadas por medidas tendentes a la consecución del objetivo central: se nombraron vocales electorales idóneos, confiables y expertos, y se convocaron a elecciones generales casi inmediatamente. Asimismo, los acuerdos parlamentarios relativos a estas medidas mostraron la voluntad general de encauzar al país hacia la estabilización del proceso democrático. Sin embargo, con cierta audacia, la gobernante tomó una serie de decisiones paralelas para las que no tiene mandato electoral y que están fuera de su obligación esencial, pero que, sin embargo, parecían estar a tono con la corriente de pensamiento dominante. 

Al respecto, asumiendo que Añez representara a la totalidad de los electores que votaron por Doria Medina y Unidad Demócrata en 2014 (cerca al 7%), no le alcanzaría para dictar políticas de largo aliento que cambien el carácter de la gestión gubernamental, pues ella no representaría ni al 10% de los ciudadanos. Retirar al país del ALBA, cortar relaciones con Irán, Venezuela o Cuba y reiniciarlas con los Estados Unidos, solicitar el reingreso de Usaid, retirar a las misiones de médicos cubanos, etcétera, son medidas para las que Añez no cuenta con legitimidad electoral.  

Ciertamente, si no está claro cuál es el rumbo que los ciudadanos quieren tomar en el espectro ideológico o en sus aspiraciones de destino común, pues todavía está por verse si el MAS retornará o no al poder político en las próximas justas electorales ¿por qué tomar decisiones que potencialmente podrían ser revertidas en el corto plazo?

Hoy queda claro que estas medidas, aplaudidas por una buena parte de los bolivianos, estaban concibiendo a la sociedad civil en su calidad de electorado, antes que de ciudadanía. Es decir que están pensadas sobre una plataforma electoral antes que sobre la gestión gubernamental y que además están hincadas muy lejos del objetivo transitorio de su presidencia. Probablemente, en los meses venideros veremos más medidas de tamaño calibre, pues Añez ha lanzado su candidatura sin ningún sentimiento de culpa y  través de los medios y recursos estatales.

 Si bien la aspiración a la Presidencia podría ser la medida que repare la falta de legitimidad de la mandataria en la gestión pública, tal anhelo le resta razón a su gobierno y sentido a su mandato.

Es preocupante que, en el contexto en el que sus acólitos (noveles, oportunistas e inesperados) formulan argumentos respecto a su derecho para tal aspiración, esta medida está reproduciendo las condiciones inequitativas de competencia electoral a las que Evo Morales nos sometió durante tres elecciones: Un presidente-candidato tiene ventaja por la notoriedad pública del cargo, por el acceso al presupuesto de comunicación gubernamental adicional y por el manejo de los bienes y la seguridad del Estado. 

Asimismo, es notable que Añez use los mismos artilugios del masismo en su propósito de permanecer en el cargo (que no deba renunciar mientras candidatea y que el Estado no financie a los partidos en competencia) mañas legales que tanta desconfianza le han traído al pueblo boliviano respecto a su sistema electoral.

Más preocupante aún es que, hoy más que antes, un presidente-candidato no garantiza la transición democrática, pues está enredado con su conflicto de interés; además de reverberar el escandaloso fraude de 2019. Entonces ¿cómo conciliar la ambición de poder de la presidenta Añez con su mandato transitorio?  A no ser que renuncie y compita en igualdad de condiciones, simplemente no se puede. 

En el contexto en el que, tanto el poder Legislativo y como el Judicial están cooptados políticamente por el anterior régimen, y que el Ejecutivo estará secuestrado por el apetito electoral del régimen, quien se carga la responsabilidad final de la transición democrática en Bolivia es el OEP. Así, el Tribunal Supremo Electoral, y la imparcialidad, idoneidad y prestigio de sus vocales, es ahora el primer y el último garante de la restitución del orden democrático.