Para el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, es incoherente la decisión del juez y anunció que la apelación será presentada en la jornada de hoy para acelerar el encarcelamiento del Alcalde de Cochabamba tal como ya lo solicitó la Fiscalía, y advirtió que se acumulan evidencias para demandar a Leyes por otros hechos de corrupción.

Es importante recordar que el sábado por la noche, el juez Fernando Pérez, dictó detención domiciliaria para el alcalde Leyes, en el caso mochilas chinas, a pesar de que la Fiscalía había pedido su detención preventiva en la cárcel de San Sebastián.

Según Jiménez, no corresponde la detención domiciliaria porque el juez admitió que "existen probados indicios de responsabilidad del alcalde Leyes" en la comisión de cinco delitos, es decir, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, y negociaciones incompatibles con la función pública, por tanto indicó que hay elementos que demuestran riesgos procesales como el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación.

Recordó que "una audiencia cautelar se da cuando el Ministerio Público determina que hay suficientes indicios para pensar que una persona tiene responsabilidad en el caso", pero además cuando se constata que existen riesgos procesales que fueron demostrados.

Detalló que todas las pericias de investigación que se han llevado adelante en el denominado "caso mochilas", muestran que "es demasiado grosero, es demasiado evidente que la licitación está viciada" y que se ha cometido delito.

Entre los argumentos de la apelación que Jiménez destacó, el juez estableció que "existe probabilidad de autoría de cinco delitos por parte de José María Leyes, se estableció una alta probabilidad de obstrucción del proceso, por cuanto el municipio hizo desaparecer información de los CPU, y el Alcalde convocó y movilizó a comerciantes comprometiendo transferencia de derecho propietario sin tener competencia para ello, hay riesgo de daño a la sociedad, y se determina riesgo de fuga, porque uno de sus argumentos era que no había pagado y disolvió el contrato".

En declaraciones a Bolivia TV, Jiménez aseguró que "aún de los esfuerzos del alcalde y del anuncio de que el 13 de abril disolvió el contrato "por fuerza mayor", la norma de contrataciones en el Estado establece que cualquier contrato se puede resolver antes de la provisión del producto, no después, y en este caso se entregó y se repartió las mochilas y el hecho se ha consumado".

LEYES

Durante el desarrollo de la audiencia del sábado, el Alcalde de Cochabamba expuso en su defensa que había ordenado la rescisión del contrato con la empresa encargada de las mochilas, y que la misma aceptó romper el acuerdo. Sin embargo, para Jiménez esa es una irregularidad más porque los productos ya fueron distribuidos y la empresa aceptó romper el convenio sin mayor oposición.