Ciertamente es digno de encomio el “nuevo mapa internacional” trazado por la Cancillería –dirigida por Karen Longaric– a partir de la suspensión de relaciones diplomáticas con las dictaduras de Cuba y Venezuela y el alineamiento al Grupo de Lima; decisiones éstas, que pueden considerarse los mejores referentes de un avance democrático no sólo del país, sino también de la región latinoamericana. 

Y es que tanto el Gobierno de Cuba, como el de Venezuela, han asestado duros golpes contra los principios rectores de la soberanía de los países de Latinoamérica, a través de sus embajadas y ministerios de Relaciones Exteriores encargados de realizar, todos juntos, el “trabajo sucio” de desacreditar la legitimidad y la legalidad de la presidenta Áñez y, en contrapartida, sacar réditos de toda índole en su malsana relación con Evo Morales quién, venido cada vez a menos, se parece ahora a un sacristán sin feligreses ni sacristía.

El show terminó, y los bolivianos son conscientes de que nunca más en la historia republicana debería repetirse la experiencia traumática de los 14 años de ejercicio violento, abusivo y, por qué no llamar, dictatorial, del experimento acuñado por los países del ALBA, que derivó en muertes y graves hechos que atentan contra los derechos humanos.

Más allá de lo farandulesco que resulta siempre una elección general en cualquier país del orbe –cosa que gusta mucho en el debate académico a centenares de politólogos– cabe ahora mencionar el grave hecho que hasta la fecha no ha tenido impacto, eco, ni mucho menos resolución: la demanda de una amnistía general e irrestricta en favor de centenares de connacionales que viven en el exilio político y fueron víctimas de la dantesca persecución masista y que, en muchos casos, han sido ilegal e ilegítimamente procesados y hasta condenados bajo la macabra ley 004 (acuñada en su momento como “ley guillotina” por el entonces vicepresidente Álvaro García Linera). Dicha ley, entre otras barbaridades del siglo XXI, permite el juicio criminal en rebeldía, contradiciendo de esta manera todos los principios, valores y resultados del Código de Procedimiento Penal, que fue inspirado en el sistema procesal penal acusatorio, y no mixto ni inquisitivo. A sabiendas de lo anterior, la diputada Norma Piérola Valdez ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la mencionada disposición legal.

Las historias de familias destruidas, las amenazas, las torturas, los traumas existenciales –cuándo no psicológicos– del destierro y la prisión, que tuvo como signo el Movimiento al Socialismo, son irreparables, pero lo que ya no es permisible es que dichas historias continúen. Es, por lo demás, una sinrazón que en un gobierno que dice ser demócrata existan todavía procesos políticos, refugiados y exiliados por el nefasto régimen de Evo Morales y su entorno.