Ya entonces, advertimos la intención del Gobierno de sacrificar a los pueblos indígenas, para profundizar el extractivismo y entregar las áreas protegidas a la voracidad de las transnacionales extranjeras, ante el rotundo fracaso de su política económica que, tras 12 años de control total del Estado y de ingresos superabundantes, no tuvo la capacidad de generar una alternativa de desarrollo.

Hoy, es evidente que este afán destructivo y depredador se ha convertido en una política de Estado, sustentada en los decretos 2366, 2400, 2992 y 2298 y en las Leyes 065, 083 y 084 que, a su turno, desnaturalizan y hacen inviables las consultas previas y permiten que las empresas extranjeras exploren y exploten hidrocarburos en áreas protegidas como Tariquía, entregada a Petrobras, Shell y Repsol, transnacionales responsables, por separado, de desastres medioambientales en Nigeria, Colombia, Brasil y Argentina.

Además de haber devuelto a las petroleras más de $us 4.000 millones, en los últimos años por gastos exploratorios, el Gobierno realizó en agosto de 2017, una ‘subasta’ de 100 campos hidrocarburíferos para atraer más inversión extranjera. Estas áreas, ubicadas en todo el territorio nacional, incluían comunidades indígenas, especies en riesgo de extinción, reservas de agua y plantas únicas en el mundo.

Una variable muy grave de esta política entreguista es la apertura a la utilización de tecnologías contaminantes como la exploración sísmica 3D o la fractura hidráulica (fracking) que, a pesar de conocerse estudios especializados que evidencian su potencial destructivo, no solamente las autorizaron, sino que las promueven como un gran logro.

Contra toda advertencia, el Gobierno ha decidido construir una serie de mega represas, entre las que están Rositas, el Chepete y El Bala; estas últimas destruirán gran parte de las reservas del Madidi y Pilón Lajas, consideradas entre las más ricas en biodiversidad del mundo y hábitat ancestral de 18 comunidades de tres pueblos indígenas.

Según investigaciones especializadas, Bolivia pierde anualmente 350.000 hectáreas de bosques, 20 veces más que el promedio mundial.  En lugar de reducir esta tendencia, el Gobierno de Morales busca destruir más bosques para ampliar la frontera agrícola, de 3 a 17 millones de Ha, y por si fuera poco, permitir el uso de transgénicos con el fin de multiplicar la producción de soya, maíz y sorgo, no para alimento humano, sino para producir biocombustible y ampliar el hato ganadero, lo que, de concretarse generará una erosión irreversible que puede convertir los fértiles suelos orientales, en eriales antes de 20 años.

Lo trágico de estos funestos planes es que el destino de los más de 20 pueblos indígenas, que habitan en 12 áreas protegidas, ni siquiera se ha considerado. Las brutales represiones como las de Chaparina y Takovo Mora, el avance del camino por el centro del Tipnis, la desintegración de la reserva de Guarayos y la desidia del Estado frente a la inminente extinción de los pacahuara, los chacobos, los canichanas y los sirionó , así lo confirman. De acuerdo a datos del Cedib, cinco áreas protegidas habitadas por indígenas están tan afectadas por los planes de expansión petrolera, que ya han perdido su condición de tales.

Quizá lo más indignante sea que esta política de devastación esté acompañada por un discurso que en los foros internacionales sigue defendiendo los derechos de la Madre Tierra y los pueblos indígenas, en una suerte de celebración de la hipocresía y la impostura que sería solo anecdótica si no escondiera un propósito tan destructivo que nos llevará a una involución histórica que sufrirán nuestros hijos y nietos.