Hoy (ayer), en esa misma línea, el Procurador General del Estado, José María Cabrera se pronunció estableciendo aspectos de compatibilidad constitucional de dicha candidatura.

"En consecuencia, la candidatura de la actual presidenta del Estado y su concurrente ejercicio del cargo de manera plena es compatible con la supremacía constitucional, la soberanía popular y el sistema democrático de Derecho en Bolivia, reconocidos como los más altos intereses del Estado (…)", establece el comunicado del Procurador designado por Áñez el pasado 3 de diciembre de 2019.

La Ley 064 de la Procuraduría General del Estado establece en su artículo 2 que esta instancia tiene como finalidad "promover, defender y precautelar los intereses del Estado. El ejercicio de las funciones se ejerce por los servidores que señala la presente Ley".

En el marco de sus atribuciones se establece que el Procurador debe asumir la "representación y la responsabilidad técnico legal en las acciones jurisdiccionales, conciliatorias, administrativas o arbitrales, que inicie y tramite el Estado Boliviano, dentro del ámbito de sus competencias, sin necesidad de mandato".

Tras el anuncio de su candidatura y frente a los cuestionamientos, ayer, Áñez pidió la renuncia de todos sus ministros "para encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática", según un comunicado de la Secretaría de Presidencia.

El actual ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ratificó hoy (ayer) esa solicitud y dijo que es "para hacer una evaluación y ver qué ministros están dispuestos a no mezclar la gestión pública con la campaña electoral".