Esta es una buena noticia, decimos, porque parte de un principio básico: las autoridades están en sus cargos para servir a la ciudadanía, no para servirse de recursos públicos con fines políticos. Una obra hecha por un alcalde, por decir algo, no se financia con recursos de los bolsillos de éste, sino con los de todos.

Los 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales fueron terribles en este sentido. Se construyó un culto a la personalidad como nunca se había visto en la historia del país (e incluso a nivel regional estuvo entre los más notorios). Morales ordenó construir un museo para sí mismo, a un precio de siete millones de dólares, además de instalar gigantografías en todo el país, llenar los canales y radios con propaganda a su favor y hasta autorizar que se imprimieran cuentos infantiles en los que él era el personaje principal. El colmo fue haber instalado frente al Palacio de Gobierno una réplica de la casa en la que vivió de niño como si se tratara de un pesebre, pero también fue criticable que hubiera aceptado que su rostro estuviera en los alimentos para madres gestantes, en las cabinas del teleférico y hasta en los libros escolares.

El escaso horizonte de hombre de Estado que tenía Morales lo hizo gastar también millones de dólares en las transmisiones de los partidos de fútbol en los que jugaba, mal, además, en todos los pueblos que visitaba.

Aunque en menor grado, este mal es también compartido por alcaldes y gobernadores, que también colocan su rostro en panfletería, letreros y publicidad televisiva.  El decreto supremo recuerda también que está vigente una ley de 1941 que señala que no pueden ponerse a obras realizadas con fondos del fisco nombres de personas vivas. Usando esa ley, el Gobierno instruyó cambiar el apelativo de 10 estadios que se denominaban “Evo Morales Ayma”.  

Todo esto ya no sucederá. Sin embargo, es bueno puntualizarlo, ya que la misma mandataria que ha promulgado este decreto se apresta a ser candidata a la Presidencia sin renunciar al cargo, lo que la pone en el difícil desafío de no usar los recursos del Estado en su beneficio ni abusar de su imagen con fines proselitistas. Una de las lecciones aprendidas  es que las autoridades que deseen reelegirse tendrán que jugar con armas más limpias. Veremos si Añez es consecuente con sus ideas y las leyes que ella misma promueve.