Uno de esos espacios afectados es el Tribunal Supremo Electoral. Como consecuencia del anuncio de la presidenta, se han escuchado algunas voces que sugieren que el presidente del TSE, Salvador Romero Ballivián, debiera renunciar para evitar favorecer a la ahora candidata Áñez, dado -según esas críticas- que fue designado como vocal electoral precisamente por la presidenta.

Hay que recordar en primer lugar que Romero fue designado vocal del Tribunal Supremo por la presidenta en cumplimiento del artículo 13 de la ley 026 del Órgano Electoral Plurinacional que establece que el presidente del Estado tiene la atribución de nombrar a un vocal del TSE. Los otros seis vocales son seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El propio Romero salió ayer en declaraciones a la prensa a precisar que el hecho de que él sea designado por el Ejecutivo y los otros por la Asamblea Legislativa no los convierte en delegados, representantes ni portavoces de esos órganos del Estado.

El organismo electoral, dijo Romero, actuará como un estricto y severo vigilante en el control de publicidad de campaña, y en el uso de bienes del Estado, para garantizar la imparcialidad no solo de los comicios, sino también en el uso de ventajas competitivas que implica una candidatura desde el ejercicio del poder.

Los siete vocales actuales asumieron esa delicada función con el objetivo de organizar y desarrollar un proceso eleccionario imparcial, y eso es lo que les corresponde hacer en este tiempo.

Conociendo la dilatada e intachable trayectoria profesional de Romero, es de esperar que las denuncias que podrían presentarse en el periodo electoral respecto al abuso de recursos o bienes estatales en beneficio de la candidata en función de gobierno, sean atendidas oportunamente y sancionadas como corresponde. Y que no ocurra como con el anterior Tribunal, que por responder casi militantemente a las órdenes del Ejecutivo hacía caso omiso de ese tipo de denuncias.

La rectitud que se le conoce al actual presidente del TSE es la garantía de que independientemente de que fuera designado por tal o cual poder del Estado, su rol estará estrictamente apegado al cumplimiento de la Ley del Órgano Electoral y al desarrollo de unas elecciones limpias, equitativas y transparentes. De él se espera que sea incluso el dique de contención de eventuales presiones internas del resto de vocales electorales que, recordemos, fueron elegidos en un ejercicio de frágil equilibrio por una Asamblea donde un solo partido controla los dos tercios.

El país ha puesto su confianza en un órgano electoral independiente, y se espera que este responda en el mismo nivel de expectativas que se tiene sobre él. Será necesario, en ese sentido, no manosear más este órgano del Estado tan importante en el arbitraje de los procesos electorales.