“La candidatura de la Presidenta del Estado y su concurrente ejercicio del cargo de manera plena es compatible con la supremacía constitucional, la soberanía popular y el sistema democrático de Derecho en Bolivia, reconocidos como los más altos intereses del Estado”, establece un comunicado de la institución bajo administración de José María Cabrera.

El 24 de enero y de manera sorpresiva, la Presidenta anunció su candidatura con la alianza Juntos, lo que fue cuestionado desde sectores políticos que antes la apoyaban. Candidatos como Carlos Mesa y Jorge Quiroga coincidieron, por separado, en afirmar que esa decisión desvirtúa la transición y pone en entredicho la defensa de que no hubo golpe en Bolivia.

La Procuraduría aclaró que el mandato de Áñez no está limitado por la transición. “La Constitución Política del Estado no reconoce el ejercicio del cargo de Presidenta del Estado de manera transitoria o con atribuciones atenuadas, sino más bien de naturaleza plena, con todas las atribuciones, prerrogativas y obligaciones establecidas en la Constitución”.

Entre las observaciones a su candidatura está justamente que al no haber sido electa no puede candidatear y ejercer la Presidencia al mismo tiempo, porque su fin es solo transitorio y con el mandato de convocar elecciones. El diputado Luis Felipe Dorado anunció recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que aclare ese extremo.

Áñez pidió la renuncia de sus ministros para evaluar y ver si los ratifica para encaminar el proceso electoral. Roxana Lizárraga renunció y cuestionó la decisión tomada por la Presidenta. “No se puede ocultar el hecho de que su Gobierno ha comenzado a incurrir en los mismos males del masismo que combatimos”, cuestiona en su carta de renuncia. (27/01/2020)