“Hemos hablado con la Presidenta (Jeanine Áñez), vamos a dar ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de una manera diferente, sin utilizar bienes públicos, sin abusar de los recursos que le pertenecen a todos los bolivianos, y haciendo las cosas bien”, puntualizó la autoridad.

Tras la presentación de la alianza y el anuncio de la candidatura de Jeanine Áñez se generaron varias reacciones en contra y a favor de esa participación en los próximos comicios. El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que no fue nombrada para ser candidata y que su objetivo es administrar con neutralidad y garantizando que el Estado que representa no utilizará recursos en función de una postulación.

Fiscalización

El vocero de SOL.Bo, Edwin Herrera, informó que el directorio ejecutivo de la alianza elaborará un reglamento interno para fiscalizar la utilización de los recursos del Estado en la campaña electoral. Además que evitarán incurrir en los mismos errores de la anterior administración, cuando usaban a los servidores públicos para asistir a los actos proselitistas.

Erick Landívar, delegado de la alianza ante el TSE, añadió que harán varias actividades, entre ellas, la rifa de electrodomésticos y otros eventos con el fin de recolectar fondos para solventar la campaña.

El 3 de febrero, además de la entrega de las listas de candidatos a la presidencia y a la Asamblea Legislativa, los partidos deben presentar el balance actualizado del patrimonio y los estados financieros.

Al respecto, Landívar manifestó que en esa documentación harán conocer los recursos con los que cuentan y cuál es su procedencia, aunque no develó la cifra de la cantidad de dinero que usarán.

Fiscalización

Las organizaciones políticas podrán realizar campaña electoral en actos públicos a partir del 3  de febrero hasta 72 horas antes del día de la elección.

Campaña

• Difusión de propaganda en medios será 30 días antes de las elecciones.
• Está prohibido el uso de personal y servicios del Estado para la campaña.
• El TSE remitirá a la Contraloría General las denuncias probadas contra servidores públicos.