No solo en el entorno de la Presidenta ha sido sorpresiva la decisión; en el partido oficialista del Gobierno Municipal paceño también causó sorpresa la alianza, pese a que venía precedida de una publicitada ruptura con Comunidad Ciudadana, por falta de “flexibilidad” en el entorno del candidato presidencial de esa alianza. El Alcalde y ahora socio de Juntos, su nueva alianza, nunca fue muy claro respecto de qué tipo de asuntos estaban en juego. Resta saber qué papel desempeñará en el equipo de campaña.

Por el lado de las críticas a la Mandataria candidata, la principal ha sido la falta de coherencia entre sus declaraciones y sus prácticas. Si tras haber reiterado en varias ocasiones que era “una bendición” no ambicionar tales asuntos, el viernes pasado se mostró orgullosa de su decisión. Un recuento de sus declaraciones y las de sus allegados permite, por otra parte, detectar un paulatino cambio en su promesa, por lo que en realidad el viraje no fue verdaderamente sorpresivo.

Es posible, sin embargo, que la decisión de la Presidenta cause un inesperado efecto en otros miembros de su gabinete, embarcados en un intento de escarmentar a funcionarios vinculados con el anterior gobierno, solo posible en un estado de indeterminación sobre la vigencia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado. En este caso, merced a las discutibles condiciones que habilitaron la sucesión luego de que el entonces presidente obtuviera asilo en México.

Previsibles fueron las reacciones del resto de los partidos políticos. Primero porque se trata de una nueva carta en el escenario de la competencia electoral, que en esencia porta los mismos valores que el resto de las propuestas identificadas con tendencias de derecha, incluyendo la ambición de ser merecedora de la primera mayoría de los votos del ala conservadora de la sociedad. Y segundo, porque saben que su participación puede ser determinante si se vincula con los recursos públicos disponibles en el ámbito de la comunicación, lugar donde se disputa la preferencia electoral.

Sin embargo, más serio es el hecho de que la Mandataria es quien ha designado al vocal que encabeza el organismo llamado a conducir una elección en la que ella participará. Corresponderá al Tribunal Supremo Electoral considerar seriamente las implicaciones de que su presidente haya llegado de la mano de la ahora candidata. La polémica decisión de la Presidenta implica nuevos e inesperados retos para la todavía frágil institucionalidad del Estado.