Con una sonrisa, el senador Ortiz explicó que sus colegas masistas leyeron el conflicto que había en el país y que debían entender que una actitud radical no conduciría a ningún lugar y tenían que tomar su papel de legisladores de una coyuntura totalmente en contra que tenían.

Relató que al formarse las mesas técnicas que elaborarían las leyes, se dieron cuenta que ellos nunca habían trabajado de ese modo porque todos los proyectos de Ley venían desde el Ejecutivo y la bancada oficialista solo debía aprobar el mismo, sin derecho siquiera a realizar observaciones o modificaciones.

“La ley de convocatoria la trabajamos las tres bancadas con asesores de cada una de ellas y realmente hubo un trabajo coordinado, participativo; primero al interior del Senado, pero también la Asamblea Legislativa y también una gran voluntad del ministro de la Presidencia, del ministro de Justicia, entre otros, de asistir también a las reuniones con representantes de las bancadas legislativas”, relató Ortiz al ser consultado de cómo fue la articulación interna.

Esa misma experiencia se replicó cuando se convocó a la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque las comisiones tuvieron que dividir esfuerzos por el número de candidatos que llegó y se coordinó perfectamente entre los legisladores de ambos bandos.

La presencia de Aguilar en Palacio de Gobierno ya era cosa de todos los días, de acuerdo con sus propios colegas que definían cómo debía avanzar la designación de las autoridades electorales. Por tanto, el trabajo llegaba de manos del senador masista.

Acuerdos incumplidos

En cambio, la presidenta de la Cámara de Senadores afirmó, ante un programa de radio, que no existe coordinación con el Ejecutivo y menos en este último tiempo, desde que rechazaron la promulgación de la ley de garantías y que terminó denominándose, Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos. “No tuve la oportunidad de sentarme a dialogar con ella, creo que no hubo esa apertura para debatir los problemas y las necesidades que tenemos para afrontar. Hay una barrera para ese acercamiento”, dijo Eva Copa.

Relató también que habló el 3 de enero con el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, a quien le reiteró un pedido de reunión con Jeanine Áñez, pero no se plasmó hasta ahora. Copa recordó que ese proyecto de ley es parte de los acuerdos de paz que firmaron con el Gobierno. De hecho, la primera noche de reuniones, en Palacio de Gobierno, la dirigencia del MAS dijo que todo estaba condicionado al anteproyecto de ley.

Los dos tercios es el bache del que no quieren hablar masistas y demócratas, pero el resto de los pedidos legislativos no tiene mayor conflicto para los articuladores que coordinaron perfectamente para la elección de los vocales electorales, porque lo que parecía que demoraría por falta de acuerdos, no pasó de ocho horas de sesión.

“La bancada del MAS ha puesto a disposición del pueblo boliviano los dos tercios para que, de manera consensuada, se aprueben las leyes que necesita el país”, dijo Aguilar.

El secreto

Mientras que el senador Óscar Ortiz asegura que el MAS tomó conciencia del papel que debe jugar en semejante momento político, Aguilar dice que no existe secreto alguno y que todas las decisiones que se toman se llevan a consulta con la bancada y se acuerda qué se debe aceptar y qué se puede negociar.

Pero las numerosas reuniones que se realizaban en el hall de la Vicepresidencia se redujeron a reuniones en un edificio más discreto, que está a una cuadra de la plaza Murillo, o en el salón Abel Iturralde de la Cámara de Diputados. La ‘división’ que afectó al MAS llevó a estas reuniones reducidas en las que se definen los acuerdos previos. 

Este factor beneficia directamente al Gobierno que pudo cumplir todos los compromisos que había con la comunidad internacional para la convocatoria a elecciones. En su mensaje presidencial, Jeanine Áñez aseguró que ya cumplieron con todas las tareas que les encomendaron como Gobierno transitorio.

Los garantes

De estos acuerdos son garantes representantes de la comunidad internacional y la misma Iglesia católica, pero hasta ahora, sus representantes no se pronunciaron y solo en algunas oportunidades abogaron por el entendimiento de las partes. Por ejemplo, no le recuerdan al Gobierno que se comprometieron a aprobar la ley de garantías constitucionales.

Aguilar recordó que el anteproyecto de esta norma fue examinado por sus pares oficialistas de forma pormenorizada, pero que no encontraron ninguna irregularidad. Cuando la bancada del MAS lo aprobó en el Legislativo, las autoridades del Ejecutivo lo desconocieron y los rechazaron. Hoy el proyecto sancionado está en manos del TCP que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley. Es, hasta hoy, el único asunto pendiente de la dupla Ortiz-Aguilar.