Un senador del Movimiento al Socialismo carga sobre sus espaldas una acusación sui géneris por haberse inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con recursos económicos del Fondo Indígena (Fondioc). Es posible concluir que la ingeniosa e insólita treta fue permitida por una absoluta ausencia de control y el alto grado de complicidad y/o impunidad que a su autor le permitieron consumarla. 

No obstante, la opinión pública nacional está suficientemente informada de que el Fondioc, de cuyos recursos habría echado mano el inescrupuloso parlamentario que impávido se mantiene en sus funciones, fue perforado por la corrupción cuando lo administraba una influyente figura del masismo que guarda detención mientras se sustancia el proceso judicial en su contra por los millonarios daños causados al Estado.

En su reciente mensaje a la nación, la presidenta Jeanine Áñez calificó el caso como una ‘canallada’ y representó que en su corto interinato han sido destapadas innumerables ‘ollas de corrupción’ que hallaron caldo de cultivo en el prolongado y bochornoso abuso de poder ejercitado sin límites por Evo Morales. 

Al iniciar su primera gestión gubernamental, en 2006, Morales prometió “corrupción cero” y cuando en 2019 intentaba buscar, contra viento y marea, una nueva reelección, anunció la creación de un comité de lucha anticorrupción y ordenó realizar auditorías en los ministerios cada tres meses. Pero sus acciones no tuvieron sustento y las promesas de transparencia se las llevó el viento por falta de una real voluntad política y de la implementación de mecanismos de control y fiscalización de la cosa pública independientes, idóneos y confiables.

Áñez sostuvo que durante 14 años, y como parte de un esquema de corrupción institucionalizada, se mintió sobre el real estado de la economía nacional, de las reservas de gas y de la producción de los recursos naturales. Que la gestión de Evo Morales entregó un país con seis años de déficit fiscal continuos y cinco años de déficit comercial, que a pesar de que fueron administrados mayores ingresos, los bolivianos no sintieron haber recibido cinco veces mejor salud y mejor educación ni obtenido mejores empleos. 

Lo impidieron prácticas corruptas. La jefa de Estado hizo notar que, desde 2008, más de 3.500 millones de dólares que aproximadamente representan un 90% del IDH confiscado a las gobernaciones, fueron una subvención al TGE para financiar el derroche de un grupo privilegiado del MAS, una élite que, paradójicamente, no admitía a ningún representante indígena. También cuestionó a la administración anterior por haber utilizado grandes sumas de dinero de los bolivianos en favor del instrumento político oficialista y de fuerzas extranjeras como la española socialista de Podemos.

El cáncer de la corrupción amenaza con hacer metástasis en Bolivia donde, por si fuera poco, tiene adquirido un dramático matiz por sus conexiones con el narcotráfico que desde hace tiempo registra un creciente auge en partes identificadas del territorio nacional y donde es rechazada y desafiada abiertamente la presencia del Estado. 

Esa conexión ha atraído incluso a organizaciones mafiosas y criminales cuya presencia quedó en evidencia durante los sucesos de octubre y noviembre pasados y que derivaron en la precipitada salida al exterior del máximo jefe cocalero.

La lucha contra la corrupción es compleja y dura, pero no es posible eludirla. Gobernantes y gobernados deben unirse en el esfuerzo por una Bolivia transparente. Es tiempo de hacerlo cuando parece estar corregido el rumbo del país hacia un mejor porvenir.