Existe jurisprudencia sobre la materia y la sucesión presidencial está prevista en la Constitución Política del Estado, pero las presiones de radicales del MAS han enturbiado el desarrollo de las actividades necesarias, obligando a que la ampliación del mandato que debió ser solamente para el objetivo primario de organizar las elecciones, se extienda a la Asamblea Legislativa, hecho que, además, ahora incluye a gobernadores, alcaldes y concejales. De esta situación surge una experiencia que debiera hacer meditar a los políticos sobre el futuro del país, ya que en democracia, la balanza del poder se mueve por muchos pesos y contrapesos, y cuando esta relación se descompensa, surgen las “aplanadoras” que en el pasado mediante pactos y contubernios decidían los destinos del país, o la prepotencia y el abuso como ocurrió con el régimen pasado que todavía tiene la mayoría de diputados y senadores con los que puede aprobar o rechazar leyes y perjudicar o viabilizar la labor del Ejecutivo, en una ideal relación de fiscalización y respeto.

Lamentablemente, durante los últimos años, la Asamblea Legislativa atenida a su mayoría masista, se convirtió en un apéndice del gobierno central y permitió que el régimen, de Evo Morales, cope los Órganos Judicial y el Electoral. Hoy los parlamentarios debieran utilizar la independencia de poderes y su autonomía para proteger la ley, la CPE y la democracia. El gobierno interino, que tiene la misión perentoria de viabilizar las elecciones, carece de apoyo en el Parlamento y tiene que atenerse a la voluntad de los parlamentarios que fueron de la oposición, pero que hoy, por el proceso electoral ya están enfrascados en impulsar las candidaturas y alianza de sus propios partidos.

El TCP respetó la CPE y sus procedimientos y previsiones para la sucesión presidencial, aunque al borde de generar un nuevo conflicto, ya que la próxima semana, concretamente el 22 de enero, fenece el periodo constitucional de cinco años que se inició en enero de 2015.  Debía ser posesionado un nuevo gobierno y nuevos representantes en la ALP, pero debido el fraude electoral, comprobado por una misión de la OEA y por los observadores internacionales, las elecciones del 20 de octubre fueron anuladas. De acuerdo al TCP el mandato del gobierno provisional se podrá ampliar. El calendario aprobado prevé elecciones para el 3 de mayo, la posesión de las autoridades electas que obtengan la victoria en primera vuelta sería entre el 29 de mayo y el 12 de junio. Si hay segunda vuelta electoral, se efectuaría el 14 de junio y la posesión hasta el 22 de julio.