Medio: El Deber
Fecha de la publicación: sábado 21 de abril de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
EL DEBER buscó ubicar a la autoridad del Ministerio Público aludida, pero ayer no fue posible contactarla.
En las grabaciones presentadas en conferencias de prensa en La Paz y en Cochabamba, se escucha supuestamente a Óscar Vera ordenar a los fiscales anticorrupción Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán, que eviten presentar la acusación y, en lugar de eso, les conmina a que soliciten ampliar el tiempo de la investigación. Para convencerlos, ofrece darles un instructivo y correr él con la responsabilidad.
Los fiscales exponen los motivos para continuar con la acusación por las consecuencias legales que tendría paralizar una investigación por un daño económico de 11 millones de bolivianos. Sin embargo, la voz que los opositores atribuyen a Vera señala a sus interlocutores que hay “instrucciones superiores” para que no se presente la acusación formal en contra de Castellanos, porque de hacerlo, el caso llegaría a juicio.
En los hechos y pese a la presunta presión, los tres fiscales presentaron la acusación formal. Sin embargo, posteriormente fueron reemplazados por otros tres fiscales que presentaron la ampliación, cumpliendo con el pedido que habría hecho Vera, señala el diario cochabambino Opinión.
El senador Yerko Núñez, quien presentó el audio en la sede de Gobierno, manifestó para vincular ambos casos que “la Fiscalía es un instrumento para garantizar la impunidad de oficialistas y perseguir a quienes piensan diferente”.
Los hechos
Decisión
Los tres fiscales que investigaron el caso del puente caído llegaron a la conclusión de que debían presentar una acusación formal contra los responsables de la construcción del puente caído.
El caso
El puente Independencia colapsó el 22 de octubre de 2015, cuando un bus de transporte interdepartamental pasaba sobre la estructura. El puente fue entregado en 2014 durante la gestión del alcalde Edwin Castellanos y tuvo un costo de aproximadamente 14 millones de bolivianos.