En un breve paso por la vivienda de la autoridad se constató que nadie ingresaba ni salía. Tampoco, los custodios estaban en la parte externa. No obstante, se conoce que están dentro la vivienda, empero nadie sabe con precisión cuántos son.

Por su parte, el asesor legal personal de Leyes, Sergio Coca, explicó que el proceso contra la autoridad se puede dividir en dos partes. La primera, corresponde a la persona.

“A José María Leyes ciudadano se le restringió el derecho al trabajo. El cual buscaremos la forma de restituirlo”, explicó.

Mientras que la otra parte correspondería a que la autoridad fue electa mediante voto para fungir como Alcalde. Se trataría de derechos políticos que tiene Leyes y también la población, al haber elegido democráticamente a una persona para dirigir las riendas del municipio.

Coca explicó que existen dos vías para buscar la restitución de estos derechos.

“La primera vía es pedir la modificación de las medidas sustitutivas al juez de la causa, Luis Fernando Pérez, es decir, a quien dirigió la audiencia ayer (por el sábado). Y que la autoridad judicial se pronuncie a través de un memorial”, señaló.

Siguió: “La otra vía es apelar ante un Tribunal de Apelación, pero es más largo. Y lo que queremos es celeridad para que el Alcalde pueda volver a trabajar lo antes posible”.

Por su parte, el Fiscal Superior del caso de la compra irregular de 91.385 mochilas escolares, José Manuel Gutiérrez, también manifestó que apelarán la decisión del juez.

“Hemos presentado todos los elementos para que se dicte detención preventiva para el Alcalde. Apelaremos como corresponde y seguiremos investigando el caso al cual se nos asignó”, aseveró Gutiérrez  al finalizar la audiencia de medidas cautelares, el sábado.

En la audiencia, la representación del Ministerio Público hizo énfasis en tres riesgos procesales. Uno de ellos, el peligro de fuga. Según, el informe de migración, Leyes hizo 34 viajes al exterior desde que asumió como Alcalde.  

Sin embargo, el juez indicó que esto se debía a su posición como autoridad. Pero, determinó el arraigo para evitar este riesgo.

Como segundo elemento, Gutiérrez expuso que Leyes, como autoridad, puede influir en funcionarios o documentos municipales. Un ejemplo que puso fue la denuncia del borrado de información de 14 computadoras de la Secretaría de Desarrollo Humano. El juez afirmó la existencia de este riesgo, por lo que determinó que no se puede acercar a la Alcaldía ni tener contacto con funcionarios.

Finalmente, la parte acusadora expuso que el Alcalde es una persona de riesgo por su capacidad de convocatoria a movilizaciones en las que se registró hechos de violencia.

Ante esta situación, Coca pidió a los diferentes sectores sociales afines al Alcalde que no realicen protestas o marchas. Esto podría constituirse en un riesgo judicial para Leyes y podría ser detenido de nuevo por este motivo.

SURGEN MÁS DENUNCIAS DE COMPRA DE MOCHILAS

Mientras el proceso investigativo de la compra de 91.385 mochilas escolares continúa en lo penal, un usuario de Twitter de Potosí, Eduardo López, denunció a través de esta red social que las mochilas potosinas también tienen aspectos irregulares.

“Mochilas escolares donadas al municipio de Llica en Potosí (sin material escolar) a las que su alcalde del MAS, Édgar Apala Vidaurre, hizo aparecer como compradas a 177 bolivianos cada una. Hace un año se denunció, pero el Alcalde es protegido por el gobierno”, señala López en su cuenta.

En tanto, en Oruro también se espera la audiencia de medidas cautelares del alcalde Édgar Bazán. De igual modo, fue denunciado por la compra de mochilas chinas con sobreprecio en la gestión 2016.