Salvador Romero Ballivián Presidente del TSE

2019. Los eventos de ese año están aún cercanos y demasiado incandescentes para anticipar cómo los juzgarán mañana los investigadores. Sin embargo, podemos prever que la historia electoral se registrará como un año sombrío. Porque la elección presidencial, la más importante en el sistema político, ha sido anulada. Por primera vez en América Latina en el siglo XXI después de la fallida reelección de Alberto Fujimori en Perú en 2000. 

En Bolivia, el evento ocurre después de más de 40 años.  En aquella  oportunidad, el país pagó un precio temible: se descarriló la transición democrática, atravesamos el período más inestable del siglo, perdimos centenares de vidas y, cuando instauramos el régimen democrático, ya estábamos al borde del abismo económico. Conviene guardar en la memoria ese trágico antecedente.

Por ello, definir la anulación de los comicios de 2019 como un acontecimiento traumático no exagera el hecho. El manejo del proceso devino en una crisis postelectoral que se deslizó hacia una crisis política y cerca estuvo en convertirse en el colapso de la democracia.

Los retos de 2020

Podemos quedarnos mirando obsesivamente la anulación y correr el riesgo de petrificarnos en sal, o mirar los retos de 2020 que nos aguardan inminentes, con dos citas decisivas: la presidencial y la subnacional. La apuesta de enfocarnos en el futuro es válida solo si simultáneamente se rescatan las enseñanzas de la historia. Al menos tres lecciones de 2019 deben ser retenidas por el país. 

La primera, la esencial: ningún proyecto democrático se construye sin o contra las fuerzas políticas que circunstancialmente se hallan en la oposición. En otras palabras, si deseamos democracia, debemos asumir que en ese régimen ancho y amplio caben todos, sin anatemas contra ninguna organización y tampoco con conquistas definitivas del poder, pues su ejercicio constituye una responsabilidad transitoria, enmarcada en el horizonte de la alternancia. 

La segunda lección: el organismo electoral debe ser independente e imparcial. Cuantas veces se ha logrado sojuzgarlo y ponerlo al servicio de un solo grupo, el costo ha resultado elevado, para la institución y, sobre todo, para la democracia, la paz, la estabilidad; en suma, para el país. Las fuerzas políticas y la ciudadanía retiran su confianza cuando la institución traiciona su razón de ser y se rebelan contra resultados que no expresan su genuina voluntad, pues los datos manipulados hieren su concepción sobre lo justo y lo correcto.  

La tercera lección: el organismo electoral necesita solvencia técnica para evitar que, en las fases previas a la jornada de la votación, el día mismo de la elección o en las etapas siguientes se produzcan fallas de tal magnitud que un manto de sospechas desacredite el proceso y conviertan los errores en los indicios de la mala fe.  

Si esas son las lecciones de la experiencia de 2019, debemos examinar cómo encaramos los retos de 2020. Cada lección supone un desafío. 

El campo técnico constituye el perímetro propio del órgano electoral. Los informes de las misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), tanto como los trabajos de expertos nacionales y los pronunciamientos de las fuerzas políticas, han planteado observaciones, así como recomendaciones y sugerencias valiosas. Ellas, junto con los insumos que proveen las unidades técnicas reconstituidas, marcan la hoja de ruta de los puntos críticos que el Tribunal Supremo Electoral abordará de manera prioritaria.

El trabajo ha comenzado en esos aspectos, con personal propio y el respaldo de la cooperación internacional, que opera a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Idea Internacional y la OEA, que canalizan al soporte de países amigos de Bolivia, en especial europeos y norteamericanos. 

El Tribunal es consciente que requiere ejecutar las tareas técnicas, ya sean logísticas, administrativas, tecnológicas o de naturaleza jurisdiccional, con parámetros certeros, previsibles y eficientes en el respeto del cronograma electoral.

Los comicios ya fueron convocados y se cumplirán el domingo 3 de mayo, en el lapso de los 120 días fijados por la norma que regula los comicios de 2020.

 Un tribunal golpeado

En cualquier circunstancia, es un plazo breve para organizar una elección; y lo es aún más en el caso boliviano, que parte de un punto difícil, con un organismo golpeado. 

En muchos departamentos, se ha perdido una infraestructura y un equipamiento que al país le costó recursos, talento y tiempo levantar. En ellos, preparar la elección exigirá sacrificios adicionales a sus integrantes por las condiciones incómodas y precarias de trabajo. Los daños se extendieron a un patrimonio intangible: en el cierre de 2019, en el TSE había aproximadamente un 15% de acefalías y vacancias y la implícita carrera que se había fomentado para el personal técnico, quedó dañada en sus cimientos. 

El objetivo es paliar en la inmediatez las necesidades urgentes de los tribunales departamentales, a la par que reclutar profesionales competentes y respetados.

Más allá de esas vicisitudes, los vocales, los funcionarios del órgano electoral, del nivel nacional y departamental, estamos comprometidos con el objetivo de comicios transparentes y de calidad. 

Cito algunos de sus componentes: un padrón debidamente saneado, es decir incluyendo a los jóvenes que cumplen 18 años, actualizando los datos de quienes cambiaron de domicilio y retirando del listado a los fallecidos, en una tarea conjunta con la sociedad; un sistema tecnológico seguro, modernizado en sus máquinas y programas, debidamente auditado; una capacitación intensiva de los jurados de mesa; una cadena de custodia adecuada para las actas, el documento central de las elecciones, desde el momento del llenado hasta la transcripción; un mecanismo confiable de divulgación de los resultados.

  La independencia

El segundo desafío se vincula con el comportamiento idóneo del organismo electoral, es decir independiente de los Poderes del Estado, e imparcial con las organizaciones políticas y las candidaturas. La equidistancia implica que ninguna fuerza recibe ventajas indebidas o es penalizada discrecionalmente. 

Este posicionamiento debe reflejar una fortaleza tranquila, por ello, es compatible con la predisposición para coordinar, colaborar con los otros poderes e instituciones para apuntalar la democracia y el Estado de derecho, y con una actitud de diálogo, de apertura que recoja las inquietudes o los pedidos de los partidos y los atienda en la medida de lo razonable y lo posible. 

En muchas oportunidades, esta faceta se vincula con la aplicación de justicia electoral, indisociable de asignar victorias y derrotas, premios y sanciones, por lo tanto, de provocar satisfacción a un lado, decepción, indignación o frustración al otro.

 Cada una de esas decisiones tomada individualmente acarrea un costo inevitable. Lo asumimos, pero aguardamos que, a la larga, el conjunto de las resoluciones muestre tres rasgos: 

El primero, las sentencias se apegan al ordenamiento jurídico, a la letra y también al espíritu de las normas, por lo tanto, tutelan los principios de la democracia y garantizan el ejercicio de los derechos antes que restringirlos. 

El segundo, ilustran la independencia de criterio y la libertad de consciencia de cada vocal de la sala plena. Por último, responden a una línea jurisprudencial nítida: a problema igual, sentencia similar, sin factores adicionales. 

Si se concretan estas tres características, seguramente los actores cuyas demandas sean contrariadas en un caso concreto quedarán insatisfechos, pero no por ello perderán confianza en la institución.

Juntos, el trabajo técnico serio y la imparcialidad, componen la única llave para recuperar la confianza ciudadana. Ambos representan la base de una elección íntegra, abierta a la supervisión, efectuada localmente por las candidaturas, los medios y las plataformas de organizaciones de la sociedad, así como por el despliegue de las misiones de observación internacional. 

Bolivia ya tuvo la experiencia de un organismo electoral institucionalizado que le brindó resultados certeros; ese recuerdo perduró, y hoy fija una vara alta que no intimida, sino que más bien, estimula. La fórmula es conocida, los principios permanecen, si bien hay que adaptar los mecanismos de la acción a las exigencias de la coyuntura de un país que ha cambiado y no deja de cambiar. Sin embargo, no cargamos la misma roca que Sísifo, nos anima la esperanza que el país sabrá preservar el organismo institucionalizado que colectivamente reconstruimos.

     Consenso político

El tercer desafío no le corresponde exclusivamente al organismo electoral. Una labor técnica e imparcial es, cierto, imprescindible, pero el éxito de una elección como la de 2020 excede con creces esos factores. Se requieren acuerdos básicos y el consenso de los actores políticos e institucionales. 

El país ha dado pasos significativos y rápidos en esa dirección, con la definición concertada de las reglas de juego para los comicios y con la selección de los árbitros de la competencia. Punto de partida valioso, que recién se afianza. 

Se aproxima una travesía riesgosa, porque las campañas agitan pasiones, avivan tensiones, tanto más que todavía permanecen latentes polarizaciones hondas, recelos, tendencias excluyentes. Atizarlos puede quebrar equilibrios todavía frágiles. Serán inevitables los choques y las polémicas entre candidatos que contrastan visiones sobre las soluciones idóneas para una sociedad mejor y que, enmarcados en la tolerancia y la mesura, resultan legítimos. 

Empero, esas rivalidades debieran preservar intactas las instituciones, los actores y los procedimientos electorales, y todo lo que ellos representan. En otras palabras, por encima de las disputas y conflictos, hay    que proteger el núcleo del interés colectivo que todos compartimos: las elecciones, la democracia, la convivencia social pacífica.

 El reencuentro

La elección de 2020 se celebra en las condiciones complejas que legó el destino imprevisto de los comicios de 2019. Se le exige más que a una presidencial ordinaria; tiene que lograr más que instalar un Poder Ejecutivo y un Legislativo legítimos, surgidos de una voluntad popular respetada. Los bolivianos necesitamos reencontrarnos en las elecciones limpias para expresar nuestra común convicción y aspiración de participar en un régimen de libertades, igualdad, pluralismo. Que los votos transmitan el abrazo recíproco de ciudadanos decididos a vivir juntos.

Tal es la piedra angular de una democracia incluyente política y socialmente, de instituciones sólidas, fieles a sus mandatos constitucionales, con actores dotados de capacidad de diálogo y concertación, de ciudadanos que, sin dejar de lado sus ideas y sentimientos, se reconocen mutuamente como miembros plenos de la misma comunidad. 

Entonces, para que la elección cumpla plenamente su misión democrática, el organismo electoral requiere el concurso y el compromiso de las instituciones, las fuerzas vivas de la sociedad, los partidos, los medios de comunicación, la comunidad internacional y, sobre todo, de la ciudadanía. Este esel desafío nacional de 2020, juntos lo enfrentaremos, entre todos lo resolveremos.